Señor Director:
Respecto de la misiva (ayer) de Bárbara Etcheberry Araos no creo haber omitido el factor que me atribuye. Sostuve que los programas de capacitación en oficios que combinan habilidades duras (técnicas) y blandas (socioemocionales) tienden a tener mayores posibilidades de éxito. Aquí no tenemos mayores discrepancias. Con todo, me pareció oportuno advertir que el impacto no está garantizado. La mitad de ellos tiene efectos positivos en empleo, y un tercio, en salarios (J-Pal, 2023). De ahí la importancia de ser cuidadosos en los programas que financia el Estado en este ámbito.
Las buenas políticas públicas requieren de una cuidadosa formulación, implementación y evaluación para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la diferencia es profunda respecto de la forma de tratar la franquicia tributaria. La Comisión Larrañaga sostuvo la necesidad de terminar con ella, porque “este instrumento no cumple las condiciones necesarias para justificar la inversión de recursos públicos y porque sus fallas son lo suficientemente importantes para que se requiera una reforma antes que simples ajustes de su actual funcionamiento”.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en 2018 también la cuestionó y sugirió destinar los recursos a otras formaciones de competencias. Por último, una evaluación de impacto encargada por la Dipres y publicada en septiembre de 2025 ratificó que esta iniciativa no tiene impactos en empleo y salarios.
La imprudencia, por tanto, no es eliminar la franquicia, como sugiere mi interlocutora, sino que sostenerla sin evidencia de aporte alguno a la empleabilidad o la mejora salarial de trabajadores existentes o potenciales. Los desembolsos asociados a esta franquicia, desde su creación, pueden estimarse conservadoramente en un valor actual que supera los 5 mil millones de dólares. La urgencia de terminarla es evidente. Por lo demás, que ello no ocurra explica, en una gran parte, que no haya recursos disponibles para reformular la política de formación de competencias en el país.
Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC