Todos los pronósticos económicos terminan, tarde o temprano, equivocados. No es una exageración ni un acto de cinismo: es una de las verdades más sólidas de la profesión. Quienes hemos pasado la vida haciendo, revisando y criticando proyecciones lo sabemos de sobra. Lo notable no es que los ministerios de Hacienda y los bancos centrales yerren en sus números —eso es inevitable—, sino que las instituciones más serias hagan grandes esfuerzos por estudiar las fuentes de sus propios errores.

La Reserva Federal analiza la exactitud de sus propias predicciones de tasas de interés —los famosos “dotplot”—; el Fondo Monetario audita, año tras año, los pronósticos de su World Economic Outlook; el Banco Mundial y la OCDE hacen lo mismo con sus proyecciones de crecimiento y de finanzas públicas. Varios de los estudios más rigurosos se publicaron a comienzos de 2026. El examen del error de pronóstico se ha transformado en una disciplina madura, precisamente porque el error es universal e inescapable.

¿De qué tamaño son estos errores? Más grandes de lo que el público imagina, y crecen mientras más lejano es el horizonte de la proyección. Entre 2010 y 2020, el error de los pronósticos de crecimiento del PIB para el mismo año promedió 1,3 puntos porcentuales en el Banco Mundial y 1,5 en el FMI, y se agranda a medida que se proyecta a dos, tres o cinco años. La propia evaluación reciente del World Economic Outlook da cuenta de la seriedad de la evidencia: trece indicadores, 188 países y más de tres décadas de proyecciones, entre 1990 y 2024. Con una base de datos así de profunda, lo que se encuentra no son anécdotas. Son regularidades.

Y la regularidad más importante tiene que ver con la dirección de los errores. No son ruido simétrico que se cancela. Se inclinan, con terquedad, hacia el optimismo. Los pronosticadores profesionales sobreestiman sistemáticamente el crecimiento y sobrerreaccionan a las buenas noticias, mientras tratan a las malas con más cautela. Las razones son en parte sicológicas y en parte institucionales. El “sesgo optimista” está documentado por igual en economías avanzadas y en desarrollo. No es un defecto chileno. Es un rasgo del oficio.

Ese optimismo tiene una consecuencia poco comprendida sobre las finanzas públicas. Como la razón deuda/PIB lleva al PIB en el denominador, un pronóstico de crecimiento excesivamente entusiasta subestima, mecánicamente, la deuda futura. Y el mismo optimismo exagera los ingresos proyectados. La evidencia confirma la aritmética: las deudas efectivas terminan varios puntos por encima de lo proyectado a cinco años —según una estimación entre países, alrededor de un 9% sobre el pronóstico del propio Fondo. Dicho sin eufemismos: subestimar la deuda de largo plazo es un error común en el que caen pronosticadores de todo el mundo.

Lo que nos lleva a Nicolás Grau. El exministro enfrenta hoy una acusación constitucional por sus proyecciones fiscales: la supuesta subestimación del déficit de 2026, la omisión de presiones de gasto y una trayectoria de deuda para 2026-2030 que, según el actual ministro Jorge Quiroz, habría sido subestimada en unos US$ 10.500 millones, empujando la deuda por sobre el 45% del PIB.

Los acusadores insisten en que no se trata de una “divergencia técnica”, sino de una “infracción objetiva” al deber constitucional. La acusación podrá seguir su curso institucional. Pero esa discusión debiera complementarse con una evaluación profesional y a fondo, realizada por economistas sénior, por encima de toda sospecha partisana.

El foro técnico no sería la Cámara, sino un panel de expertos nacionales e internacionales. Los errores de proyección del último gobierno —el trío Mario Marcel, Javiera Martínez y Nicolás Grau— serían comparados con los históricos desde el retorno a la democracia y con los de otros países, medidos mediante el indicador técnico llamado “raíz del error cuadrático medio”. Si esas desviaciones sobrepasan lo histórico e internacional, habría que investigarlas.

Aquí, en principio, hay dos posibilidades: un error mayor puede deberse a incompetencia o a mala fe. Cualquiera de estos veredictos dañaría la reputación de los profesionales involucrados. La sanción sería reputacional. Mucho más profunda que la de un juicio político, donde, ya lo sabemos, la votación será estrictamente de acuerdo con la posición política de los diputados. Si el panel técnico determina negligencia o dolo, las consecuencias sobre la credibilidad serían hondas y duraderas. Los involucrados tendrían menos invitaciones, menos consultorías, menor presencia pública, y menos cátedras universitarias a su disposición.

Pero —y esto es muy importante— el panel también puede concluir que los errores en las proyecciones estuvieron dentro de los márgenes históricos e internacionales. En ese caso tendríamos que decir: sí, se equivocaron, pero no más que los otros. Son gajes del oficio.