Chile enfrenta una emergencia laboral que no podemos seguir administrando como si fuera una mala racha. El desempleo llegó a 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, su mayor nivel desde 2021, y se acumulan 40 meses con una tasa de desocupación sobre el 8%, convirtiéndonos en uno de los pocos países que no han sido capaces de recuperar sus tasas de ocupación prepandemia.

La situación es especialmente dura para mujeres y jóvenes. El desempleo femenino alcanzó 10,5%, mientras que entre las mujeres de 15 a 24 años llegó a 28%. Estas cifras no hablan solo de una falla económica. Hablan de personas que ven postergados sus proyectos de vida, de familias que enfrentan incertidumbre y de jóvenes que encuentran cerrada una puerta fundamental para construir autonomía, experiencia y confianza en su futuro.

Un desempleo sobre el 8% durante tanto tiempo nos habla de miles de historias que están quedando fuera de la posibilidad de generar ingresos propios, desarrollarse y construir una vida con mayor libertad. La verdadera deuda laboral de Chile no se mide únicamente en puestos de trabajo faltantes, sino en oportunidades perdidas para el bienestar y la dignidad de las personas.

Durante años hemos argumentado, con razón, que el empleo es consecuencia del crecimiento. Lo cierto es que el estancamiento ha cercenado oportunidades para miles de familias. Pero el desafío laboral no puede abordarse únicamente desde las cifras macroeconómicas. Debemos poner a las personas en el centro y comprender que el trabajo no es solo un factor productivo: es una fuente de integración social, desarrollo personal, seguridad y esperanza.

En Sofofa hemos propuesto una agenda de reactivación basada en una convicción simple: el empleo formal es el eje del desarrollo humano y social. No hay movilidad social sin oportunidades laborales, ni mejores salarios sin productividad, ni productividad sostenible sin inversión en talento, tecnología y organización del trabajo.

Una primera medida urgente es modernizar el sistema de sala cuna. La regla vigente, que obliga solo a empresas con 20 o más trabajadoras, genera un impuesto implícito a la contratación femenina. Urge eliminar ese umbral y avanzar hacia un sistema universal para el mundo del trabajo formal, con certeza jurídica y gradualidad diferenciada para las pymes. La sala cuna no puede seguir siendo una barrera de entrada y debe convertirse en un movilizador de participación laboral.

Una segunda prioridad es transformar la capacitación. Chile no necesita más cursos desconectados del mercado, sino un sistema de inteligencia laboral que identifique qué habilidades se demandan, dónde y para qué ocupaciones. Necesitamos una taxonomía nacional de habilidades, microcredenciales y una conexión más estrecha entre empresas, instituciones formativas y el Estado. La capacitación debe anticipar cambios y no llegar tarde a ellos.

Una tercera línea es acelerar la adopción tecnológica con inclusión. La inteligencia artificial y la automatización no son solo una amenaza, sino una oportunidad para aumentar productividad y mejorar la calidad del trabajo, siempre que preparemos a las personas. La tecnología no reemplaza la necesidad de talento, sino que la hace más urgente.

Finalmente, debemos abordar una reforma postergada: la de las indemnizaciones por años de servicio. Un sistema a todo evento para nuevas contrataciones indefinidas, financiado en el marco del Seguro de Cesantía, permitiría al trabajador acumular derechos desde el primer día y recibirlos cualquiera sea la causal de término. Así se protege mejor a la persona, se reduce la judicialización y se facilita la movilidad hacia empleos más productivos.

Esta agenda no pretende resolver todo de una vez, pero sí marca una dirección clara: menos barreras de entrada, más formalidad, más productividad y mayor adaptabilidad. Chile no necesita seguir acumulando diagnósticos. Necesita construir acuerdos urgentes para que más personas puedan acceder a empleos de calidad y desarrollar sus proyectos de vida.

Porque detrás de cada punto de desempleo hay personas que esperan una oportunidad. Hay familias que necesitan estabilidad, jóvenes que buscan su primer paso y mujeres que no deberían verse obligadas a elegir entre trabajar y cuidar. La deuda laboral de Chile es, en esencia, una deuda con el bienestar, la autonomía y la dignidad humana. Y por eso, volver a crear empleo debe transformarse en una prioridad nacional.

Rosario Navarro