Alarma provocan los 78 millones de dólares que salieron del país para financiar al Tren de Aragua. Los dineros provienen de asesinatos, sicariatos, tráfico ilícito de drogas, personas y armas, extorsiones, contrabando, secuestros y otros delitos graves. Entre estos hay algunos importados, que no son parte de los hábitos delictuales nacionales o eran infrecuentes, como sicariatos, extorsión, secuestros y otros que han aumentado considerablemente, como el narcotráfico, y que revelan los riesgos del descontrol migratorio.

Con eufemismo se destaca solo como blanqueo a transacciones monetarias ilícitas, en vez de considerarlas lo que son: financiamiento al crimen organizado. El monto podría superar la impactante cantidad antes referida, considerando que incluye solo lo intermediado a través de bancos. Notable es que muchas de las pruebas de los delitos cometidos surgen de los registros en un teléfono celular encontrado en un sitio en que se habían cometido cinco asesinatos.

Lo acontecido es gravísimo. Demuestra la inoperancia sistémica de controles y líneas de defensa bancarias, de los encargados de normar y fiscalizar al sistema financiero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y otras entidades que bien podrían haber dado alertas, como las auditorías externas, servicios policiales y de inteligencia, incluso del sentido común para detectar capitales oscuros. Para los bancos, es una norma básica conocer al cliente, no solo para prestar dinero, también para detectar irregularidades que pongan en peligro su reputación, responsabilidades legales y penetración por bandas criminales. Desde el primer día, a partir de la solicitud de apertura de una cuenta corriente, los clientes deben estar en condiciones de demostrar la legitimidad de sus ingresos y los bancos de verificarlo, tratándose de operaciones sospechosas.

Preocupante es el riesgo de escalamiento del aprovechamiento de las debilidades del sistema financiero por bandas criminales. Hay países en Latinoamérica que se transformaron en verdaderos paraísos internacionales del delito, entregando parte de su soberanía y territorios al crimen organizado, con la complicidad de altos ejecutivos y autoridades de los distintos poderes del Estado.

El Tren de Aragua tuvo éxito: puso a prueba y burló al sistema financiero y a instituciones encargadas de velar por su correcto funcionamiento. Al menos durante un par de años, bandas criminales se beneficiaron del descontrol, logrando el ocultamiento y fuga al exterior de sus dineros. Es probable que este no sea el único caso y existan otros más sofisticados. Sería incomprensible que, luego de esta experiencia, el sistema financiero y las instituciones del Estado no cambien radicalmente sus procedimientos para regular, detectar, investigar, fiscalizar y perseguir estos delitos.