Señor Director:
La carta publicada el lunes de exministros de Hacienda, advirtiendo sobre el daño institucional de una acusación constitucional, deja una duda legítima: ¿puede la defensa de la institucionalidad terminar debilitando la necesaria fiscalización?
Las acusaciones constitucionales no debieran transformarse en instrumentos de revancha política. Pero tampoco parece razonable sugerir que cuestionar el manejo de las finanzas públicas constituya, por sí mismo, un daño al país.
Más aún cuando, por efecto de los plazos legales, quienes tuvieron responsabilidades prolongadas pueden quedar fuera de todo examen institucional, mientras el costo político termina recayendo en quien ocupa el cargo al final.
Cuidar las instituciones también supone aceptar el escrutinio.
Jaime Luarte Bianchi