Uno de los pilares de nuestra democracia es la protección de los derechos fundamentales. Entre ellos, la vida, la igualdad ante la ley, la honra y la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. El recurso de protección es la vía para que toda persona que sufra actos arbitrarios o ilegales logre que estos se respeten y que se restablezca “el imperio del derecho”.

Así, en 2018 interpuse dicho recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pues la autoridad de la época me pidió la renuncia al cargo de subcontralora y Jueza de Cuentas, desconociendo la inamovilidad legal, sin debido proceso, y vulnerando mis derechos. Dicho tribunal lo acogió unánimemente (3-0), declaró ilegal y arbitraria la actuación y ordenó mi reincorporación inmediata. Luego, la Corte Suprema, por 5 votos contra 0, confirmó que la remoción era ilegal y vulneraba mis derechos.

A su vez, tres ministros confirmaron la reincorporación, ante la ilegalidad que todos declararon, pero otros dos fallaron que, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección que nos “garantiza” la Constitución, en vez de recuperar el cargo del cual había sido despojada, solo cabía otorgar una “medida paliativa de carácter alimenticia”. Fue el caso más comentado del año. Es útil leer el análisis del profesor Eduardo Soto-Kloss (Derecho Público Iberoamericano N° 14, de abril de 2019).

Casi ocho años después, el pasado 4 de junio, el medio Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso. Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros.

Pese a ello, pretendieron instalar sospechas de la decisión de ambas cortes, que habría ganado el caso por un solo voto, y que, insólitamente, el cargo de contralora general, que sirvo desde fines de 2024, derivaría de ello, pero no exhiben ninguna prueba, ni de la existencia de las “supuestas” conversaciones de terceros, que —aunque existieran— no fueron solicitadas, ni conocidas por mí, ni menos aún de las suposiciones que insinúan. Ello, porque habrían sido extraídas desde un teléfono incautado en una causa penal bajo reserva judicial. ¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?

Quienes trabajan en el medio de prensa han dado entrevistas en las que o faltan a la verdad o cometen errores inexcusables, los que, sumados a sus extrapolaciones y saltos temporales inexplicables, inducen a la ciudadanía a sospechar que tales fallos fueron irregulares, y por solo un voto de diferencia, pese a que la propia autoridad vencida reconoció que perdió 8-0.

Incitan a la sospecha, pero yerran gravemente. Por ejemplo, al sostener, en una entrevista posterior, que fui “destituida”. Esa es la sanción estatutaria más grave, aplicable ante faltas a la probidad o graves negligencias. Nunca he sido destituida ni sancionada. O cuando la editora señaló que habrían hablado “con el ministro Brito de esa sala que iba a revisar el asunto”. Pero él no integraba la sala constitucional, ni falló el caso. Son frases falsas, pero consiguieron cientos de réplicas en medios y virales en redes sociales.

Ello no solo daña mi honra, sino que daña a toda la institución.

Con todo, esta situación permite reflexionar sobre la importancia del periodismo libre e independiente, que es otro pilar de la democracia, pero su ejercicio exige responsabilidad y verificación de los hechos. Cuando opiniones infundadas se presentan como verdades, se genera desinformación y se afecta a personas e instituciones.

Por ello, frente a esa falta de rigor, debemos valorar más aún a los medios que ejercen su labor con seriedad y genuino compromiso con la verdad, resguardando la libertad de informar, la dignidad de las personas y la confianza en las instituciones.