El crimen organizado se ha instalado definitivamente en nuestro país. El alcance de sus operaciones es aún impreciso. Sin embargo, los antecedentes recogidos en la denominada Operación Tokio son sorprendentes y dan cuenta de organizaciones que cuentan con una gestión sofisticada. Hay que recordar que esta investigación tiene su origen en el asesinato de cinco personas, en julio de 2024, producto de un enfrentamiento entre organizaciones criminales; una de ellas, el Tren de Aragua. La incautación de teléfonos celulares en ese proceso permitió acercarse, inesperadamente, a una de las rutas del dinero obtenido en sus actividades ilícitas, que incluyen secuestros, extorsiones y prostitución, además de la “comisión” que cobran a los organizadores de fiestas y eventos para inmigrantes.

Los montos detectados totalizan casi 80 millones de dólares, gestionándose en cuatro niveles. En el primero, se recaudaba el dinero en efectivo. Luego, el circulante era traspasado a responsables de depositarlo en diversas cuentas bancarias. El tercer nivel estaba conformado por quienes movían los montos depositados entre distintas instituciones financieras. Uno de los detenidos en este nivel tenía un cargo ejecutivo en un importante banco de la plaza. Este hecho ha generado preocupación en sí mismo, porque podría repetirse la figura en más instituciones. Finalmente, había sociedades comerciales que tenían como único propósito trasladar estos recursos mal habidos al extranjero, típicamente mediante criptomonedas. El contacto entre estos eslabones era mínimo, aunque estaban monitoreados por otros integrantes de la organización criminal.

Desde el punto de vista institucional, preocupa que esos movimientos entre cuentas puedan revelar una debilidad del sistema que supervisa operaciones sospechosas. Como es sabido, distintas instituciones tienen la obligación de reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero, la que, luego de analizarlas, debe enviar, si encuentra indicios de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, un informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. Este caso, como se vio, no fue alertado desde esta institución, pero tampoco está claro si fue objeto de los reportes de operaciones sospechosas. Si no hubiese sido así, es indispensable entender la razón, porque ello revelaría la necesidad de introducir correcciones a la normativa.

Dichos reportes sumaron casi 22 mil en 2025, un 124 por ciento más que en 2021. Parte de ello se explica porque la obligación de reportar en ese lapso afectó a más entidades. Aun así, es un número significativo. Además, un 65 por ciento proviene de la banca. El año pasado, la UAF, por su parte, habría realizado 172 acciones de supervisión. No hay un estándar definido en esta materia, pero en la coyuntura que está viviendo el país, el número parece pequeño. Esta experiencia es una oportunidad para revisar esta institucionalidad y evaluar, si cabe, mejoramientos en su operación.