Señor Director:

El SII cobra IVA a casas de apuestas ilegales, otorgándoles de facto existencia institucional. La nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, declara que las tomas no son “adecuadas”, pero anuncia que no solicitará desalojos. Reconoce la irregularidad y, a la vez, le concede el estatus de interlocutor válido.

En ambos casos, la autoridad dice que algo está mal, pero actúa como si estuviera bien. Ambas instituciones parecen creer que tolerar es distinto a avalar. Pero en la práctica, cuando la autoridad convive con la infracción —y más aún cuando obtiene algo de ella (recaudación, diálogo)—, la distinción se vuelve difícil de sostener públicamente.

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