La recientemente publicada Ley N° 21.822 (Ley Integral de las Personas Mayores) persigue un noble fin: garantizar un envejecimiento activo y digno en Chile. No obstante y asumiendo la buena intención de legisladores, estas normas esconden una práctica recurrente en nuestras políticas públicas: crear derechos sociales y traspasarles la factura a los particulares.

En efecto, al obligar a los organizadores de eventos culturales y deportivos a subsidiar un 5% de su aforo con descuentos mínimos del 50%, el Estado vulnera el equilibrio económico de los privados, sin ofrecer ningún tipo de compensación fiscal o tributaria.

Los legisladores promotores de estas normas desconocen que, para una productora de espectáculos o una organización deportiva, las entradas no representan un excedente de caja, sino una importante fuente de financiamiento, para cubrir costos operacionales en seguridad privada, arriendo de recintos, seguros de accidentes, cronometraje, logística urbana, entre otros.

Imponer por ley, cuotas y una reducción del 50% en el valor del número de las entradas o inscripciones, tratándose de corridas o carreras de calle distorsiona gravemente la estructura de costos del evento de que se trate, a menos que el Estado no incorpore un mecanismo que absorba o reembolse esa diferencia, el resultado económico es previsible:

1. Las productoras u organizadores de eventos se verán forzadas a aumentar el valor del 95% restante de las entradas o inscripciones, para poder equilibrar el presupuesto de cada evento. La ley termina encareciendo la cultura y el deporte para el resto de los participantes.

2. En espectáculos medianos o chicos, obras de teatro locales o torneos deportivos emergentes, ese 5% de margen subsidiado para los adultos mayores puede representar, literalmente, la diferencia entre la rentabilidad y la ruina de la productora.

Esta ley constituye, a todas luces, un golpe fatal a los eventos deportivos, ya que el impacto es, especialmente, duro en el ámbito de los eventos deportivos masivos que se realizan en la vía pública, como corridas, cicletadas e hitos de alta complejidad como la organización de un maratón (42K).

A diferencia de un concierto, que ocurre en un espacio cerrado y controlado, un maratón exige el despliegue de kilómetros de vallas papales, conos, personal médico en ruta y en la meta, ambulancias, puntos de hidratación, guardias de seguridad y el pago de altísimos derechos de uso de suelo municipal.

En una maratón o corrida de calle, el costo de producción por cada corredor es fijo (kit de competencia, chip de cronometraje, medalla de finalista, hidratación). Al obligar a cobrar un 50% menos por ese participante de 60 o más años, el organizador termina perdiendo dinero de forma directa por cada persona mayor inscrita.

No cabe duda de que ante un marco normativo que castiga financieramente la masividad, el incentivo natural para los productores privados será recortar los aforos permitidos, limitar las categorías o, directamente, cancelar la realización de eventos deportivos urbanos debido al riesgo económico que implica su producción.

La solidaridad social debe ser un esfuerzo colectivo, financiado a través de las arcas fiscales y los impuestos generales, no una carga impuesta por decreto a actividades económicas específicas. Si nuestro deber como sociedad es facilitar el acceso a los adultos mayores a estas actividades, ello no puede ser a costa ni imponer una carga sobre los hombros de los particulares, para ello, se debió crear un mecanismo de compensación vía crédito tributario, deducción de impuestos a la renta o subsidios estatales directos para las productoras u organizadores de estos eventos.

La normativa impuesta por esta ley sienta un peligroso precedente de expropiación de márgenes comerciales legítimos. Los reglamentos que la propia ley le encarga dictar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberán hacerse cargo de este fuerte impacto económico en la actividad cultural, teatral o deportiva. En su afán por integrar a un sector de la población, el Estado arriesga asfixiar económicamente a las industrias que llenan de vida, arte y deporte las calles y escenarios de nuestro país.

Abogado