Hubo un tiempo en que el Presidente de la República podía escoger a todas las jefaturas del sector público chileno. En muchos casos, los elegidos llegaban a esos cargos por su desempeño político. Hoy, Chile tiene el mejor servicio civil de América Latina, según la última medición del Índice de Desarrollo del Servicio Civil del BID. ¿Cómo se logró esto? Parte importante lo explica la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) en 2003. Entre los cinco países mejor evaluados, Chile es el con mayores avances durante las dos décadas que se lleva calculando el índice (entre 2004 y 2024 pasamos de 59 a 73, en una escala de 0 a 100).

El Sistema de ADP funciona a través de un Consejo —integrado por el director del Servicio Civil, nombrado por el Presidente, y cuatro profesionales con experiencia en la materia, propuestos por el Presidente y ratificados por dos tercios del Senado— que llama a concurso público para cada uno de los cargos adscritos al sistema. Luego, con apoyo de empresas de headhunting, prepara una terna a partir de la cual la autoridad respectiva elige quién ocupará el cargo. De esta manera, se introdujo el mérito como un filtro en la nominación de los cargos de primer y segundo nivel jerárquico, evitando que personas no calificadas (“operadores políticos”) ocupen cargos directivos en el sector público.

El número de servicios adscritos a la ADP fue creciendo en el tiempo, aumentando entre 2004 y 2024 de 688 a 1.672. Además, se incorporaron los directores de establecimientos educacionales municipales y varias instituciones adscribieron parcialmente. En la actualidad más de cinco mil cargos son nominados vía ADP.

La ley original facultaba a los gobiernos para nombrar directivos de manera provisional y transitoria (PyT). Sin embargo, frecuentemente los gobiernos utilizaban esta modalidad para nombrar a un directivo, manteniéndolo en el cargo por un período prolongado antes de llamar a concurso vía ADP. Luego, este mismo directivo se presentaba con ventaja, pues era evidente que sería designado si quedaba en la terna. Esto desalentaba la participación de otros profesionales en el concurso.

La reforma de 2016, la única reforma de la ADP desde su creación, eliminó los PyT. Teniendo en cuenta que un nuevo gobierno puede necesitar directivos de confianza en cargos clave, se le concedió al Presidente entrante escoger hasta 12 cargos de primer nivel que deben ser nombrados directamente durante los tres primeros meses y que deben cumplir con el perfil que aprobó para el cargo el Consejo de ADP. Estas son las llamadas doce “balas de plata”. Entre los cargos que puede escoger el Presidente están el director del SII, de Fonasa, de Aduanas, de la Dirección del Trabajo, de la Conadi, de la Tesorería General de la República, del INE, del SEA, entre otros.

El principal problema de la ADP es el gran número de desvinculaciones que ocurren con cada nuevo gobierno, los directivos ADP duran en sus cargos solo 3,1 años en promedio. A pesar de que los costos promedio de los concursos ADP han bajado en el tiempo (de 36 a 21 UF en la última década) y los tiempos para confeccionar la terna también han bajado, existe, en promedio, en torno a un 30% de cargos ADP con suplentes, por ejemplo, porque alguien fue desvinculado de su cargo o renunció y el concurso para reemplazarlo está en curso.

Pese a los desafíos anteriores, la ADP ha tenido un impacto medible sobre la vida de las personas, tal como lo ilustra un estudio de Pablo Muñoz y Cristóbal Otero, publicado el año pasado en el American Economic Review, documentando una reducción del 8% en la mortalidad de los pacientes producto de la incorporación de los directores de hospitales a la ADP.

En una entrevista reciente, el director del Servicio Civil y director del Consejo de ADP afirmó que “por lo menos los 130 cargos de ADP de primer nivel jerárquico debieran ser balas de plata”. Los otros cuatro miembros del Consejo de ADP respondieron que pasar de 12 a 130 balas de plata no resuelve la alta rotación de cargos directivos con cada cambio de gobierno, sino que “la institucionalizan”. Agregaron que “el fortalecimiento del Estado no pasa por ampliar la discrecionalidad en los nombramientos, sino por consolidar los mecanismos que hacen del mérito el eje de la dirección pública”.

En su Cuenta Pública de esta semana, el Presidente Kast anunció una reforma al Sistema de ADP. Su diagnóstico fue que los concursos toman demasiado tiempo y los cargos directivos pasan por largos períodos a cargo de suplentes. Ilustró lo anterior en torno a un 60% de cargos en manos de suplentes al comienzo de su gobierno, pero no mencionó que una disposición aprobada en la reforma de 2016 prohíbe al presidente saliente abrir concursos en los últimos ocho meses de su gobierno, salvo que cuente con la autorización de al menos cuatro de los cinco miembros del Consejo de ADP. En septiembre de 2025 dos consejeros concluyeron su período y durante varios meses no hubo quorum para autorizar concursos.

¿A qué apuntará la reforma que propondrá el actual Gobierno? Una opción es proponer mejoras a un sistema que ha hecho importantes aportes para profesionalizar el Estado de Chile. Estas debieran incluir exigencias estrictas para desvincular a profesionales ADP y mejoras para reducir el número de cargos con suplencias. Otra opción sería aprovechar una mayoría de un par de votos para imponer 130 directivos de primer nivel jerárquico cercanos al Gobierno actual y así asestar un golpe devastador a la ADP.