Este fallo, dictado recién en primera instancia por el Segundo Tribunal Ambiental, constituye un elocuente respaldo al proyecto de Reconstrucción que se tramita en el Congreso. En efecto, demuestra que el sistema chileno de otorgamiento de permisos y sus tiempos de judicialización han venido demoliendo la certeza jurídica mínima para atraer inversiones en el país o sostenerlas con alguna confianza en el tiempo. Y este es exactamente uno de los diagnósticos del Mensaje del Presidente al enviar el proyecto, que se propone cambiar ejes clave del actual sistema. Uno de ellos es el mecanismo de impugnaciones judiciales y la responsabilidad estatal ante un acto que se tramita por largos años por el Estado, que finalmente emite la misma Administración, y luego de otros tantos años, se invalida, anula o deja sin efecto por el mismo Estado (Poder Judicial).

Esta dinámica ya no resiste más, como afirma el proyecto. Debe cambiar, porque la confianza de compañías internacionales que trabajan a largo plazo, invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos productivos, se ha perdido. Hay cada vez menos credibilidad en la fuerza de los actos administrativos del Estado y en los plazos impredecibles de los tribunales. El estudio del financiamiento de las inversiones carece de plazos ciertos que las hagan sustentables. Así, mientras en el primer período del Presidente Piñera se aprobaron 4.767 proyectos de inversión, durante el gobierno del Presidente Boric lo fueron solo 2.126.

Piénsese en el caso Collahuasi. La Resolución de Calificación Ambiental aprobó —entre otras obras y después de una extensa tramitación— una planta desaladora cuya inversión es de US$ 3.200 millones. El permiso es de diciembre de 2021, y fue respaldado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros, siendo este último acto impugnado en tribunales por dos organizaciones de etnias locales. Resultado: con las obras prácticamente concluidas y a casi cinco años de emitida, la RCA se deja sin efecto y se ordena retrotraer el procedimiento ambiental a una fase muy anterior al permiso (hasta antes del Informe Consolidado de Evaluación y respectivo ICSARA). Con acierto o desacierto, el fallo —cuyo alcance debió ser precisado vía recurso de aclaración— desnuda la urgencia por cambiar un sistema que puede mantener en vilo, durante cinco años o más (faltan recursos y cortes superiores), una inversión de esta cuantía y que Chile necesita imperiosamente. El proyecto de Reconstrucción se propone corregir esto con varias medidas, siendo algunas la reducción de plazo a la invalidación administrativa (en Collahuasi también se intentó) y la responsabilidad del Estado ante el inversionista que creyó en el permiso e invirtió, cuando después es anulado, estableciéndose una restitución de la inversión directa ya efectuada.