Perú llega dividido al balotaje presidencial, con dos candidatos antagónicos en virtual empate en las encuestas, que, en todo caso, muestran un alto número de indecisos y de otros decididos a votar en blanco o anular. No es de extrañar, considerando que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron en conjunto apenas el 30 por ciento de los votos en primera vuelta, competencia que incluyó a otra treintena de aspirantes. Las diferencias ideológicas se enmarcan no solo en las propuestas económicas, sino en los planes para dar soluciones a la principal preocupación de los peruanos, la inseguridad ciudadana, con delitos como la extorsión y los homicidios en marcado aumento.

En su cuarto intento por ganar la presidencia, la hija de Alberto Fujimori figura en las últimas encuestas en un casi perfecto empate técnico con su rival. En las tres oportunidades anteriores en que Keiko llegó a segunda vuelta, el antifujimorismo fue más poderoso. Esta vez, con el exmandatario ya fallecido, ese fuerte rechazo parece haberse atenuado. En el tema de seguridad, ella promete mano dura, y hace referencias al éxito del gobierno de su padre en el combate contra el grupo terrorista Sendero Luminoso y a la imagen de orden que el país proyectaba entonces. El “plan de pacificación nacional” que propone incluye apoyo de las FF.AA. a la policía; un despliegue militar en las cárceles y la construcción de prisiones de máxima seguridad; el uso de tecnología avanzada para la vigilancia, la expulsión de inmigrantes que cometan delitos y la reinstauración de los “jueces sin rostro”. Para Sánchez, en tanto, el gran problema es la “mafia política”, pues “la corrupción impide defender la vida de los peruanos”. En ese contexto, propone crear una policía de investigaciones y fortalecer el sistema de justicia.

Pero es respecto de la economía que los dos candidatos tienen las mayores diferencias. Mientras Keiko está por una economía abierta, manteniendo y mejorando el actual modelo de exportaciones y acogida de inversiones extranjeras, Sánchez, como seguidor del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quiere más Estado, nacionalizar recursos naturales e industrializar, al tiempo que promete aumentos del salario mínimo y ayuda a las pymes. Esta semana, sin embargo, a último momento, cambió su programa, moderando varias de sus iniciativas estatistas y expropiatorias, así como eliminando la inquietante propuesta de una Asamblea Constituyente. Además, ha incorporado a su equipo a figuras menos radicales, como el economista Pedro Francke. Este ha tratado de morigerar los efectos de declaraciones previas del candidato, como la de querer remover al presidente del Banco Central, responsable de que la economía peruana haya resistido la inestabilidad política de estos años. Pero, aunque este giro apuesta a calmar temores —muy justificados, luego de la desastrosa experiencia que fue el gobierno de Castillo—, no despeja la interrogante respecto de qué es lo que realmente pretende hacer Sánchez si es que llega a ganar.