Un análisis detallado de las más recientes estimaciones sobre la evolución de la economía en los próximos años ofrece un panorama inquietante. En su último Informe de Política Monetaria (marzo 2026), el Banco Central recortó el rango de crecimiento proyectado para 2026 desde el 2,0-3,0% de diciembre a un magro 1,5-2,5%. Un escenario externo más complejo y los recortes fiscales explicaron parte del ajuste. A su vez, el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre considera una estimación de crecimiento para 2026 de 2,1%, casi en el medio del rango del Central. Ambas cifras dan cuenta de una economía que continuaría bajo el letargo que caracterizó a la administración Boric.

La mirada externa es aún más cauta: la OCDE, en su Economic Outlook de junio, proyecta que el crecimiento se desacelerará desde 2,6% en 2025 a apenas 1,7% en 2026, antes de recuperarse levemente hasta el 2,5% en 2027, y advierte que los riesgos están sesgados a la baja, por un shock energético más persistente, una demanda externa más débil y condiciones financieras más estrictas. Así, todas las predicciones advierten cuán difícil es el desafío de sacar al país de la mediocridad.

La coyuntura más reciente lo confirma. Según las Cuentas Nacionales del primer trimestre publicadas por el Central, el Producto Interno Bruto cayó 0,5% respecto de igual período de 2025, fuertemente influido por la minería y el agro. Por su parte, el Imacec de abril (-1,2%) sugiere que la menor actividad se extenderá más allá del primer trimestre, lo que ha llevado a parte del mercado a considerar la posibilidad de que la actual administración enfrente una recesión técnica en sus primeros meses de gestión.

Pero el dato más revelador del IPoM no está en la coyuntura, sino en el crecimiento tendencial, la variable que mide la capacidad de expansión de mediano y largo plazo de la economía. Así, el Central estima ahora un crecimiento tendencial del PIB de apenas 1,9% para el período 2026-2035, y emplea un 2,1% como referencia para el componente no minero del quinquenio 2026-2030. La descomposición de esta cifra es elocuente: la productividad total de factores —motor real del progreso— aporta apenas 0,35 puntos porcentuales, mientras el sector minero ve recortada su contribución tendencial desde 1,9% a 1,0% anual.

Más revelador todavía es que el único factor que eleva su aporte sea el trabajo (a 0,6 puntos), y ello no por una economía que genere empleo con vigor, sino por la incorporación de las nuevas proyecciones de población del INE. Cuando la fuerza laboral, y no la productividad ni el capital, sostiene la cifra, el diagnóstico es inequívoco. Y ello sin olvidar que, dada la caída de la fertilidad, las proyecciones del INE también pueden estar sujetas a revisión.

Que una economía con las necesidades sociales de Chile aspire, en el mejor de los casos, a crecer en torno al 2% no es un accidente ni el mero resultado del shock externo del momento. Es la consecuencia acumulada de años de baja inversión, de una productividad estancada y de un deterioro institucional que ha encarecido la actividad privada.

En efecto, si bien el actual shock petrolero impacta en el corto plazo tanto en materia de actividad como de precios, el alto valor del cobre debería compensarlo. Así, sería un error usar la coyuntura externa como justificación. El problema de fondo es doméstico y estructural.

Sin colchón fiscal para reaccionar

A la debilidad del crecimiento se suma la estrechez de las cuentas públicas, que limita la capacidad del Estado para apoyar la actividad. El IFP del primer trimestre confirmó que 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del PIB —muy por sobre la meta de 1,6%— y un déficit efectivo de 2,8%. Para 2026, se proyecta un déficit efectivo de 2,4% del PIB y se mantiene el estructural en 3,7%, pese al recorte de gasto de US$ 3.800 millones anunciado en marzo.

Otra fuente de preocupación es la deuda bruta: tras alcanzar 41,5% del PIB en 2025, escalaría a 43,1% este año y seguiría subiendo hasta 44,4% en 2027, 45,4% en 2028 y 46,5% en 2030.

La combinación es particularmente adversa. Un país que crece poco recauda poco, y un fisco endeudado y sin holguras no puede sostener el gasto ni, menos, financiar estímulos para contrarrestar el estancamiento. Se configura así un círculo vicioso: el bajo crecimiento deteriora las finanzas públicas, y el desorden fiscal erosiona, a su vez, las perspectivas de inversión. Romper esa dinámica exige actuar de manera simultánea sobre ambos frentes.

El desafío para el gobierno del Presidente Kast es, pues, tan inmenso como ineludible. La hoja de ruta es conocida, y la propia OCDE la ha sintetizado: reconstruir las cuentas fiscales, destrabar la inversión, elevar la participación laboral, fortalecer la capacitación de los trabajadores frente a la automatización y conducir la reforma de permisos sectoriales. Esa es también la línea que han anunciado las actuales autoridades, pero aun así el impacto sobre las expectativas y proyecciones no parece suficiente. Es posible, entonces, que se requiera una agenda aún más amplia. Elevar el crecimiento tendencial para cambiar la trayectoria de mediocridad en que el país lleva años empantanado es la verdadera prueba económica de esta administración.