En junio de 2021, cuando la economía volaba como avión, los políticos de Chile enterraron la Ley de Presupuesto de ese año y crearon los bonos sociales IFE (que fueron aprobados por la Cámara Baja por 140 votos contra cero), lo que incrementó la deuda pública neta en US$ 28.000 millones (9% del PIB).

Y en enero de 2022 se creó la PGU, un mecanismo de reparto “a la griega”. Y gracias al envejecimiento de la población, su costo fiscal crecería 2 puntos porcentuales de PIB anual entre 2025 y 2045. La PGU fue financiada con cheques sin fondos. Y la reciente reforma previsional implicaría un gasto fiscal extra de 1 punto porcentual de PIB anual hasta 2050 (que tampoco tendría financiamiento recurrente).

Hay más. Las nuevas tecnologías sanitarias y el aumento de las prestaciones médicas están incrementando el gasto en salud pública a un ritmo de 7% real anual. Y en 2025, en salud pública se gastaron US$ 2.857 millones más de lo presupuestado. Y en el primer cuatrimestre ya se gastó el 40% del presupuesto de salud del 2026 (US$ 19.166 millones). Y aún falta incorporar el envejecimiento de la población en el futuro gasto de salud.

Ajustado por Poder de paridad de Compra (PPP, por sus siglas en inglés), el gasto en salud per cápita de Chile es de US$ 3.600 (con PIB PPP per cápita de US$ 35.649), mientras que en la media de la OCDE (PIB PPP de US$ 38.500 per cápita) fue de US$ 6.000 (el gasto en salud privada también crece con fuerza) en 2025. Chile se dirige hacia la media OCDE. Y el año pasado, el gasto en salud pública fue del 22,6% del presupuesto, más de un punto porcentual por encima del nivel de 2024 y el equivalente a 5,5% del PIB. Consecuentemente, el gasto en salud pública subiría al 35-40% del presupuesto en 2040.

La Dipres anunció que el gasto público sería superior al presupuestado, por lo que no habría ajuste fiscal en este año. Por ello se solicitará al Congreso una autorización para endeudarse más.

A pesar de un ajuste fiscal de 1% del PIB, el delta del gasto previsional y de salud sería de 3 puntos porcentuales de PIB (US$ 11.000 millones anuales en moneda de hoy) hacia el 2040-45, lo que no tendría financiamiento recurrente.

La parcial desintegración del sistema tributario —que rige desde la reforma del 2014— habría provocado una caída de la base imponible. La tasa efectiva de impuesto a la renta —de empresas no mineras— se redujo desde 24,8% en 2022 a 21,5% en 2025, gracias a una legítima planificación tributaria. Las empresas ya hicieron una reforma tributaria de facto.

En 2025 la recaudación del impuesto a la renta no minera fue de 6,1% del PIB y creció 2,7% real (ajustada por ISFUT), mucho menos que la expansión de la demanda interna, que creció 4,2% real. O sea, cuando la demanda interna se congela o cae, la recaudación de la renta no minera cae más. Y cuando la demanda interna se acelera (como en 2025), apenas crece la renta no minera. Inédito comportamiento de la recaudación tributaria el de 2025.

Y una economía que crece 2% anual no resiste una nueva alza del impuesto a la renta.

La reforma previsional aumentará el ahorro diezmado por los retiros, pero incrementará los costos laborales de las compañías en 1,7% del PIB en régimen, lo que debilita la perspectiva de mayor crecimiento potencial.

Un plan procrecimiento podría concentrarse en una reducción del exceso de permisología, en impulsar la reintegración tributaria —con crédito 100%— y en recortar el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, siempre y cuando ello se compense con un alza del IVA —que no es regresivo como señala el mito— desde 19% a 20% (similar al que existía en Chile hasta 1988). Así se tendría una opción para incrementar el crecimiento potencial a 3,5-4,0% y recaudar más... durante la próxima década.

El Plan de Reconstrucción contempla una reforma tributaria de costo fiscal neto —sin crecimiento— de 0,8% del PIB, el 28% del déficit fiscal de 2025. Sin embargo, aún con ajuste fiscal, la bola de nieve del gasto incrementaría el déficit a -6% del PIB hacia 2040. Se desataría una escalada de la deuda pública desde 44,5% del PIB en 2026 hasta llegar a 70% del PIB a fines de la próxima década.

La escalada del déficit fiscal y de la deuda pública incrementaría el riesgo soberano de Chile —medido a través del CDS-10 Years— desde 80 puntos base hoy a más 200 puntos base en 2030. Por lo tanto, las tasas largas y las tasas hipotecarias subirían en 100 puntos base en el mimo lapso, lo que originaría una renovada debilidad de la construcción y de la inversión fija durante la próxima década.

Economista