Hace dos semanas falleció Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006. Fue el primero en plantear en su “Rewarding Work” (1997) el subsidio al empleo de la manera en que se discute en el proyecto de reconstrucción. Su motivación descansó en las pocas oportunidades de empleo que enfrentaban los trabajadores menos calificados y cómo ello lesionaba la dignidad, amor propio, autonomía y compromiso social tan indispensable en una comunidad política.

En ese sentido el planteamiento tenía como principal objetivo la inclusión. Hay, sin dudas, en esta aproximación una influencia de John Rawls. Este, en su “Teoría de la Justicia” (1971), argumenta que quizás el más importante de los bienes primarios, aquellos a los que cabe presumir toda persona racional aspira, es el amor propio (que en ocasiones equiparaba a autoestima) y que cabía, por consiguiente, extenderlo a los menos aventajados.

Dos dimensiones serían centrales, según Rawls, para lograr ese sentimiento: un sentido de nuestro propio valor y la confianza en nuestras habilidades para avanzar nuestros propósitos. Es muy difícil desligar esta posibilidad del trabajo, sea este remunerado o no.

La propuesta específica que planteó Phelps es un subsidio a la contratación de trabajadores de bajas calificaciones (y, por tanto, de bajos salarios) que operaba como crédito tributario a las empresas. Es decir, conceptualmente equivalente a la propuesta contenida en el proyecto de ley que se tramita en el Senado. Los parámetros específicos eran algo distintos y el costo fiscal lo estimó, en ese entonces, en un 1,5% del PIB de Estados Unidos. Una propuesta muy onerosa, proporcionalmente cuatro veces el desembolso que tendría la iniciativa que promueve el Gobierno.

Ahora, el premio Nobel la consideraba muy superior a otras iniciativas, como el impuesto negativo al ingreso o subsidios al empleo para grupos específicos. Por ello, insistió en la propuesta en diversas publicaciones posteriores, sosteniendo que era una medida que más temprano que tarde se autofinanciaba. Sin embargo, entendiendo el cuidado que había que tener con las finanzas públicas, proponía reasignar recursos de otros programas sociales menos efectivos para aportar a la dignidad de las personas. Es una alternativa también para nosotros.

¿Tiene sentido para un país como el nuestro este subsidio? La publicación “Desiguales” (2017) estimaba que las personas de salarios bajos tenían una duración media en su empleo de apenas 8 meses para los hombres y de 11 para las mujeres, un tercio en relación con sus contrapartes de salarios altos (en el caso de ellas un 44%). Al mismo tiempo en un lapso de 11 años las personas de salarios bajos estuvieron empleados formalmente un 30% del tiempo. Aquellas de salarios altos, un 72% del tiempo se encontraron en la misma condición. Esto en un período de más rápido crecimiento que el actual.

Esa realidad es importante de tener en cuenta cuando se cuestiona que esta iniciativa no promueve el empleo formal marginal. A estos antecedentes, cabe agregar que la tasa de ocupación para la población de 15 años y más cayó para las personas con educación media incompleta en 7,7 puntos porcentuales entre 2019 y 2025 (promedios anuales). En el caso de las personas con educación media completa esa caída, en el mismo período, fue de 5,5 puntos porcentuales. Ambos grupos representan el 51% de nuestra fuerza de trabajo. En los grupos más educados también hay una caída en la tasa de ocupación, esperable en una economía desacelerada, pero más acotada. Con todo, la tasa de ocupación de los universitarios fue 17 puntos porcentuales superior a la de los graduados de educación media en 2025.

Estos resultados difieren en magnitudes dependiendo de si el análisis es por género o grupos de edad, pero las conclusiones generales no se alteran. Es evidente, entonces, que existe un problema de inclusión en el mercado del trabajo.

Independientemente de la motivación que subyace a esta propuesta, su costo fiscal sigue siendo un problema.

Tal vez una forma de acotar este subsidio al empleo es concentrarlo en los grupos de menos de 40 años (o incorporando un retiro gradual según la edad de las personas). Existe una razón atendible para proceder de esta manera. La dificultad de conectarse con empleos formales es especialmente cierta para los jóvenes poco calificados. Si ese proceso no ocurre con prontitud pueden quedar desconectados permanentemente de los empleos formales. Son estos grupos, además, los que pueden incurrir con más probabilidad en conductas sociales riesgosas si esa autoestima que valoraba Rawls se debilita.