Uno de los objetivos prioritarios del gobierno del Presidente José Antonio Kast es lograr que el sistema educativo ofrezca a las familias más y mejores opciones para educar a sus hijos. Ello pasa por generar mejores condiciones para la gestión escolar y, en definitiva, por poner al Ministerio de Educación al servicio de los aprendizajes.

Lo anterior implica, entre otras cosas, reducir la sobrecarga administrativa que entorpece la labor de los directores; entregar apoyo continuo a las escuelas de bajo desempeño; consolidar los liceos Bicentenario como una red de excelencia, y fortalecer la enseñanza oportuna de habilidades fundamentales en matemáticas y lectura, entregando a los colegios recursos pedagógicos, reforzando la formación continua de los docentes en estrategias efectivas, y poniendo a disposición de las escuelas evaluaciones de desempeño que retroalimenten y guíen su labor.

Sobre este último punto, tal como las actuales autoridades lo hemos sostenido hace años desde nuestras diversas posiciones, las evaluaciones periódicas son esenciales. El Simce, así como también las pruebas DIA que ofrece la Agencia de la Calidad de la Educación, son instrumentos valiosos que han ido conformando una institucionalidad evaluativa que el país debe cuidar.

Es por ello que lamentamos el déficit de recursos que heredamos de la administración anterior, el que se origina en la Ley de Presupuesto aprobada a fines de 2025 y que impide financiar la totalidad del Plan de Evaluaciones para este año.

Recientemente se ha afirmado que la falta de financiamiento para estas mediciones provendría de una decisión del actual gobierno. Esto no es efectivo. Se confunden dos cosas distintas: la falta de recursos que heredamos, con el ajuste instruido por el Ministerio de Hacienda, el que —se debe aclarar— aún ni siquiera se materializa. El decreto que mandata dicho ajuste aún está en etapa de toma de razón y este no solo no toca el presupuesto para el Plan de Evaluaciones, sino que tampoco el Programa de Alimentación ni los beneficios y soportes que entrega el ministerio —otros malentendidos que se han venido sugiriendo.

En cambio, el ajuste a realizar —de apenas 1,12% del presupuesto total del ministerio— será coherente con nuestras prioridades y provendrá casi en su totalidad del ahorro por la mayor cobranza del CAE, de una mejor asignación de beneficios estudiantiles para la educación superior, y de un sinceramiento de la subejecución que cada año registran áreas como la inversión en infraestructura escolar. No hay pérdida de beneficios ni reducción de recursos para iniciativas como el Simce.

La mejora de los aprendizajes es clave para nuestro gobierno y estamos trabajando para cumplir ese propósito. De ello pueden dar fe los 1.500 directores que han asistido a los encuentros que hemos realizado a lo largo del país, cuya experiencia y testimonios constituyen insumos valiosos para construir una hoja de ruta con medidas que refuercen su labor.

En la misma línea, pese a la restricción presupuestaria que hoy nos limita, estamos elaborando una nueva propuesta para el Plan de Evaluaciones que pronto reingresaremos al Consejo Nacional de Educación (CNED). Esta propuesta realizará nuevos esfuerzos para resguardar la continuidad del Simce, tanto en enseñanza básica como en media, e insistirá con la evaluación de Lectura en 2° básico. Esta última permitirá disponer de información inédita sobre fluidez y habilidades precursoras de la lectura, fundamentales para explicar e intervenir oportunamente el origen del rezago lector que se observa en cursos posteriores.

El Plan de Evaluaciones y el Simce no están en riesgo bajo el actual gobierno. Porque entendemos el valor que este posee a la hora de cumplir el objetivo de mejorar los aprendizajes. Hoy nuestro deber es administrar el recorte silencioso de recursos que heredamos, se trata de uno de los déficits que debemos administrar. Lo haremos de forma responsable, sin desatender lo prioritario, y resguardando la continuidad de aquellas políticas que favorecen la mejora de la calidad; entre ellas, las mediciones que permitan iluminar la toma de decisiones y empujar al sistema educativo al nivel que las familias chilenas merecen.