El Presidente José Antonio Kast fue elegido con la más amplia votación en la historia de Chile contemporáneo, un 58%. Solo es superado en esta fase por la Presidenta Bachelet en la elección de diciembre de 2013, cuando venció a Evelyn Matthei en segunda vuelta con el 62% de los votos. Sin embargo, ese porcentaje logrado por Bachelet fue con voto voluntario, alrededor de cinco millones de electores, mientras que Kast fue elegido con voto obligatorio, en un universo de 13,5 millones de electores.

Asimismo, el partido fundado por el actual Presidente se transformó en la fuerza política más importante del Parlamento, con 36 parlamentarios: 31 diputados y 5 senadores. Asimismo, las fuerzas que lo respaldan lograron una gran votación, que se expresa en el Parlamento en la coalición Chile Vamos y también, aunque en menor medida, por los libertarios. Las fuerzas mencionadas en la Cámara reúnen 76 diputados, a dos votos de la mayoría absoluta, y en el Senado alcanzan los 25 senadores, incluyendo, en esta cifra, a dos aliados circunstanciales: el senador Walker y el senador Calisto.

Lo paradójico es que el Presidente enfrentó su primera cuenta presidencial con una ciudadanía que rechaza su gestión y la del Gobierno en todas las encuestas conocidas y, solo para citar la última, la encuesta Cadem del domingo en la noche, el 38% aprueba al Presidente y su gestión y el 58% lo desaprueba, a 80 días de su gestión.

Asimismo, los números no lo acompañan en lo económico y social. Ayer hemos conocido el último Imacec, -1,2% de crecimiento, y la semana pasada conocimos la más alta tasa de desempleo de los últimos años, 9,1%. Esas cifras, evidentemente, colocan en una situación muy difícil al Presidente, y eso explica la orientación de la Cuenta Pública de ayer, que se expresa fundamentalmente en un llamado a la esperanza de un país mejor, en una cuenta poco significativa de los avances de los últimos 80 días y, fundamentalmente, en la reiteración de algunas propuestas de su programa que, sin duda, abrirán un debate intenso.

Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la pausa en la creación de Sistemas Locales de Educación Pública; al retorno a la selección en la postulación a los establecimientos educacionales, retrocediendo en la política pública ya legislada por la cual los apoderados elegían los establecimientos y no los colegios a los apoderados.

Otros elementos de la cuenta son esperanzadores, como la legislación en materia de seguridad, el fortalecimiento de Carabineros y la PDI, y un conjunto de políticas que pretenden enfrentar la principal debilidad de estos meses: la contradicción entre la campaña presidencial respecto de la inseguridad de los chilenos y las propuestas específicas que aborden dicha situación.

El conjunto de estos hechos coloca al Presidente, a su gobierno y a los partidos que lo respaldan, en mi opinión, ante la necesidad de abrirse a dialogar con la oposición para sacar adelante las tareas pendientes y relevantes con el máximo acuerdo posible, comenzando por el diálogo en torno a la principal reforma estructural del Gobierno, denominada Ley de Reconstrucción, que en algunos de sus componentes tiene cuestionamientos técnicos y políticos considerables, como, por ejemplo, el crédito al empleo, con un monto importantísimo de recursos, US$ 1.400 millones; como, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, cuyos montos y plazos están fuera de toda experiencia y evidencia; como, por ejemplo, la integración del sistema tributario, respecto de la cual connotados economistas de derecha estiman que no colabora bajo ningún aspecto al crecimiento de la economía demandado.

Y, finalmente, como ejemplo muy ilustrativo, la eliminación del pago del impuesto territorial a los mayores de 65 años, que implica un costo fiscal de US$ 200 millones y que es crecientemente resistida por el conjunto de los alcaldes, incluyendo a los ediles oficialistas.

Resulta, finalmente, paradójico que un gobierno que ganó contundentemente la elección apelando a los dos problemas principales de la sociedad chilena —la seguridad ciudadana y el crecimiento económico y del empleo—, a menos de 90 días de su gestión, vea que ambos compromisos, hasta ahora frustrados, expresan el descontento ciudadano graficado en todas las encuestas conocidas.