Kast ganó la presidencia con un discurso confrontacional y bajo la idea de que el país vive una emergencia, pero con propuestas programáticas difusas. En algún sentido, de hecho, los programas de gobierno elaborados tras años de trabajo experto parecen haber quedado en el pasado, así solo sea porque hoy resulta difícil saber con suficiente anticipación quiénes terminarán disputando La Moneda. Tal vez por lo mismo, la Cuenta Pública de este año generó una expectación poco habitual: según Cadem, el 57% declaraba tener en ella “mucho o bastante” interés.

Tras una instalación compleja y una fuerte caída en su aprobación, llegó, con este rito republicano, la hora de reformular la idea del gobierno de emergencia. Kast parece haber empezado a tomar nota de que, a ojos de la ciudadanía, será siempre el gobierno de turno el responsable de las desgracias, incluso de aquellas que escapan a su competencia. También, por cierto, de que los votos en el Congreso no están por descontados. Su discurso mantuvo una visión profundamente crítica del estado en que recibió el país, pero esta vez evitó la confrontación directa y ensayó un tono más convocante. La negativa herencia pasó a ser algo así como un hecho de la causa, y ya no un arma de guerra.

Pero tan importante como aclarar la cuestión de la emergencia es proveer de sentido o, si se quiere, de una ideología al conjunto de medidas que pretende llevar adelante. No se trata de un reclamo nuevo (el famoso “relato”, le llaman), pero se vuelve esencial cuando se busca impulsar un ajuste fiscal en momentos en que la economía parece querer contraerse y los precios no dan tregua.

Es una lástima, por ello, que el Presidente no se haya decidido a innovar con un discurso conciso, sobre todo cuando él mismo dice no ser un gran orador. En tiempos en que la atención pública se consume en una sucesión de videos de apenas segundos, sorprende que los discursos a la nación aún duren más de dos horas. Es cierto que cada sector reclama su espacio, y hasta el deporte mereció aquí cinco párrafos. Pero entre tanta minucia es fácil perder de vista el sentido del discurso.

Aun así, en esta Cuenta Pública, creo, aparecen elementos que pueden configurar algo así como una filosofía política: una basada en el orden, la institucionalidad y la familia. Estos elementos forman parte del repertorio esperable de una sensibilidad conservadora y han tenido, con sus vaivenes, un lugar en nuestra historia reciente.

Pero en el discurso comienza también a dibujarse una idea que me parece más distintiva: la del sentido del deber. De hecho, el concepto de “derecho” aparece apenas seis veces, frente a más de veinte menciones a la “responsabilidad”, tanto aplicada a ciudadanos como a gobernantes. Esta idea emerge, quizás, como una reacción frente a una política crecientemente organizada en torno a derechos, y subyace a propuestas tan distintas como el ajuste fiscal, la ponderación del mérito en la admisión escolar o el Registro de Vándalos e Incivilidades.

Hay aquí una intuición que debe tomarse en serio: ninguna comunidad política puede sostenerse solo sobre catálogos de derechos, sin nociones compartidas del deber. Sin embargo, llevar esa intuición al terreno de la política pública exige prudencia, porque puede entrar en conflicto con la idea —igualmente poderosa— de que el acceso a ciertas garantías no debiera quedar condicionado por evaluaciones estatales sobre el merecimiento.