Los escándalos que han sacudido al Poder Judicial visibilizan problemas estructurales que la academia, el propio Poder Judicial y organismos internacionales advirtieron hace décadas. Y evidencian que el sistema requiere de cambios estructurales que fortalezcan la independencia judicial y mejoren la calidad de las decisiones.

El diagnóstico es compartido: la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de aquellas de carácter administrativo. En el modelo actual, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones concentran atribuciones que exceden la resolución de conflictos, abarcando ámbitos de orden administrativo y disciplinario, como la elaboración de ternas para los nombramientos, la gestión de recursos y el conocimiento de cuestiones referidas a la conducta ministerial. Esta acumulación de funciones distrae a los tribunales de su labor principal, que consiste en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, e introduce riesgos para la independencia judicial interna.

Se suma un sistema de nombramientos opaco y sin orientación directa al mérito profesional. La ausencia de mecanismos efectivos de oposición, la relevancia de factores informales en procesos de selección (besamanos), la persistencia de espacios de discrecionalidad y el largo tiempo que demora la designación de un ministro, debilitan seriamente la confianza en el sistema.

La Corte Suprema, en jornadas de reflexión, ha reconocido esta problemática, planteando la necesidad de avanzar hacia una separación de funciones y de perfeccionar los mecanismos de nombramientos. En su última cuenta pública, su presidenta destacó la importancia de fortalecer la probidad, la transparencia y la confianza en el sistema, reiterando la urgencia de avanzar en reformas estructurales en materia de gobierno judicial.

En este contexto, esta administración optó por introducir ajustes focalizados que permitirán mejorar el sistema de nombramientos sin alterar completamente la arquitectura institucional.

Un elemento central de la propuesta en tramitación es la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, encargado de estructurar los procesos de selección de jueces sobre la base de criterios objetivos y mecanismos de evaluación del mérito. Observando cierta experiencia comparada, inicialmente consideré conveniente prescindir de este órgano, por los posibles riesgos para la independencia judicial frente al poder político. Hoy, sin embargo, su mantención respecto de jueces letrados y ministros de Cortes de Apelaciones responde a la necesidad de dotar al sistema de una instancia especializada que permita reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia, sin que ello pueda entenderse como autogeneración, puesto que quien nombra a estos ministros y jueces es el Presidente de la República.

Tratándose de nombramientos de ministros de la Corte Suprema, optamos porque la cinquena siga siendo confeccionada por la misma Corte, pero exclusiva y fundadamente sobre la base del mérito, eliminando la integración por derecho propio del ministro más antiguo.

Para evitar las vacancias, que obstaculizan el acceso oportuno a la justicia, se busca que el proceso se inicie antes de que el ministro actual cese en el cargo y se incorporan plazos acotados con cláusulas de cierre.

La introducción del sorteo como mecanismo para dirimir de manera expedita las discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso en dichos nombramientos es una de las principales innovaciones. Este instrumento no es ajeno: posee antecedentes relevantes en nuestra tradición; la Constitución contempla el sorteo para resolver empates en la conformación de quinas y ternas judiciales y del Ministerio Público y para la designación de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. La Corte Suprema recurrió a este mecanismo para designar un ministro del Tribunal Constitucional y lo empleó hace poco para integrar su Comisión de Ética. El sorteo opera como una herramienta excepcional de cierre institucional, destinada a reducir los espacios de captura y de negociación informal, fortaleciendo así la legitimidad del sistema.

La reforma no pretende resolver todos los problemas del gobierno judicial, pero sí ser un avance significativo. Al fortalecer criterios de mérito, reducir la discrecionalidad y al separar funciones, se contribuye a consolidar una justicia más independiente, transparente y confiable. Los episodios que en el último tiempo han golpeado al Poder Judicial nos recuerdan, con dureza, lo que está en juego. Esta es una tarea que el país no puede postergar.