Aunque fue anunciada hace más de dos años, recién ayer se concretó la entrega en comodato, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de la que fuera la iglesia San Francisco de Borja al Arzobispado de Santiago. El inmueble, con una historia de más de 150 años, en los que sirvió como capilla del hospital del mismo nombre y luego como templo institucional de Carabineros, se transformó en uno de los objetivos de la violencia vandálica en los días del estallido, hasta ser finalmente incendiado el 18 de octubre de 2020. El fuego arrasó con su techumbre y con su interior, incluidas piezas de alto valor artístico. Ahora, la concreción del comodato y el compromiso asumido por el arzobispado de trabajar para su reconstrucción abren la expectativa de dejar definitivamente atrás esos oscuros días.

La noticia ha de alegrar a los fieles católicos por lo que significa la recuperación de un lugar de culto, pero su importancia trasciende al conjunto de la sociedad.

Desde luego, significa la posibilidad de revitalizar un sector de la ciudad que, pese a los esfuerzos del municipio de Santiago y de muchos de sus vecinos, aún alberga las heridas del octubrismo, con todo el deterioro urbano que este significó. El templo destruido es una obra arquitectónica de singular belleza y volver a contar con ella enriquecerá el espacio público y la calidad de vida de quienes habitan o transitan por esa zona.

Pero, además, es una coincidencia afortunada el que este traspaso —largamente demorado por discusiones respecto de la duración del comodato, que en definitiva será por 30 años— se oficialice ad portas de un nuevo Día del Patrimonio, cuando el país valoriza y celebra aquellas obras que, como esta iglesia, son un testimonio de nuestra historia. De particular valor es, en este sentido, la iniciativa de reinstalar los vitrales que fueran característicos de este templo, elaborados en Francia en 1875 por la casa de Gustave Pierre Degrant y considerados los vitrales firmados más antiguos existentes en el país. Retirados de las ruinas luego del incendio, fueron objeto de un complejo proceso de rescate y conservación.

Finalmente, hay una dimensión cívica que no cabe pasar por alto. El ataque contra un lugar de culto constituye un flagrante atentado a la libertad religiosa, uno de los pilares de la sociedad democrática. En Chile, este tipo de situaciones alcanzó particular recurrencia a partir de la década pasada, con sucesivos atentados contra capillas católicas y evangélicas en la zona de La Araucanía. Luego, en los días del estallido, el fenómeno se extendió a algunas de las principales ciudades del país, con la vandalización y ataques a templos históricos cuyos ejecutores en muchos casos permanecen en la impunidad. Desde esta perspectiva, la recuperación de un templo destruido supone el restablecimiento y reafirmación de valores como el pluralismo y la libertad de conciencia, cuya preservación importa al conjunto del país. Por lo mismo, es importante que el compromiso asumido por el arzobispado santiaguino al recibir este comodato se pueda cumplir con éxito.