Nadie debiera declararse sorprendido por la respuesta de Contraloría a la denuncia del diputado Daniel Manouchehri, quien recurriera a ese organismo para cuestionar a la Primera Dama, Pía Adriasola, por haber ayudado durante algunos minutos a los funcionarios del casino de La Moneda a servir almuerzos. Con alarma digna de mejor causa, el parlamentario solicitó determinar si al respecto habían existido incumplimientos de la normativa sanitaria, dado el hecho de que, durante esos minutos, Adriasola no usó guantes ni elementos de protección.

Luego de recibir los correspondientes informes de la Subsecretaría de Salud, el ISP, la Seremi de Salud Metropolitana y la Dirección Administrativa de La Moneda, el ente fiscalizador señaló no advertir reproche de juridicidad alguno que pudiera hacerse, dando por cerrado el tema. De este modo, ratificó lo que para la mayoría de los chilenos era obvio: que un episodio así, una acción espontánea, acotada en el tiempo y sin que se hubiera interferido en las etapas críticas del proceso de elaboración de alimentos, no solo distaba de constituir una infracción sanitaria, sino que sugerirlo —y de paso hacer un tema político de ello— era un despropósito que bordeaba el ridículo.

De hecho, lo interesante de la respuesta tiene que ver precisamente con este último punto, sutilmente abordado en los párrafos finales del dictamen. Allí se hace notar que la ley solo obliga a la Contraloría a atender de modo preferente las denuncias o las investigaciones que se soliciten en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados, pero que, aun así, la entidad también procura tratar con prontitud todos los otros requerimientos que —como el de Manouchehri— les formulen parlamentarios. Luego, sin embargo, la contralora, Dorothy Pérez, hace notar los “significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales” que debe hacer la entidad para cumplir con sus funciones y cómo la “escasez” de esos recursos impone utilizarlos “con cuidadoso resguardo”. Así, concluye que Contraloría, “por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social”.

De este modo, sin declararlo abiertamente, el mensaje parece claro: es un sinsentido distraer los recursos y capacidades de ese órgano fiscalizador para abordar situaciones tan nimias como el hecho de que la Primera Dama hubiera servido almuerzos en La Moneda. Pero allí donde la opinión pública vio un gesto de deferencia y empatía hacia los funcionarios de Palacio, el diputado advirtió una oportunidad para concitar atención mediática, aun al precio de distraer tiempo y esfuerzos no solo de la Contraloría, sino que además de otros cuatro organismos públicos obligados a pronunciarse. Todo ello, para concluir en nada.

El mensaje de la contralora Pérez debe ser entendido, pues, como un llamado a la racionalidad en estas materias, al hacer patente que jugadas comunicacionales como la del parlamentario no son gratuitas, sino que tienen costos concretos para las instancias que deben atender sus requerimientos. Pero, por cierto, este no es solo un —muy justificado— cuestionamiento al estilo Manouchehri, caracterizado por este tipo de acciones, sino a toda una forma de relacionarse con la Contraloría que se encuentra más o menos extendida entre los congresistas. Ellos están de modo permanente demandando —basta revisar los documentos de cada sesión— pronunciamientos de ese organismo respecto de situaciones que van desde casos particulares que involucran a votantes de sus distritos hasta denuncias con muy diverso grado de plausibilidad. La apuesta tras muchas de esas actuaciones es más o menos evidente: aprovechar en beneficio propio la credibilidad de que hoy goza el órgano contralor. Pero el riesgo de ello es también evidente: arrastrar a la Contraloría a la disputa política cotidiana, transformándola en un actor más de ella. Justamente por eso es relevante este dictamen.