Una denuncia anónima que recibió el canal institucional de Codelco incluyó, entre otras materias, la sugerencia de revisar críticamente la producción de la empresa en el mes de diciembre de 2025. Ello se tradujo en una investigación interna que constató la incorporación a la producción de ese mes de material no completamente procesado por 20.000 toneladas en Chuquicamata y 6.875 toneladas en Ministro Hales. Ese artificial aumento productivo, una vez terminado su procesamiento, se sumará a la producción de ambas subsidiarias del año 2026, pero el haberlo incorporado anticipadamente en el último mes del año anterior permitió pagar bonos por US$ 14,3 millones a más de 6 mil colaboradores, entre ejecutivos y trabajadores. Como resultado de la investigación, Codelco decidió desvincular a un gerente de la empresa, amonestó a otros siete, y trasladó los antecedentes al Ministerio Público para que investigue posibles ilícitos.

De haber ocurrido una situación similar en una empresa privada, los afectados habrían sido sus accionistas, pero como Codelco es una empresa pública, el país en su conjunto es el que recibe el impacto. Aunque, dado el tamaño de la empresa, su monto no es —en jerga de auditoría— “material” y, en consecuencia, no amerita modificar los estados financieros, las cifras sí alarman a la ciudadanía. Si, además, este parece ser un patrón que se ha repetido consistentemente en los meses de diciembre de los últimos años, las fallas de la auditoría interna de la empresa son más graves de lo que se pudiera pensar, especialmente si estos abultamientos solo se detectaron luego de una denuncia anónima. A lo anterior se suman otras situaciones delicadas, como lo son los problemas de sobrecostos y mala gestión en la remodelación del edificio corporativo, la declinación productiva y el importante aumento de su endeudamiento, consolidando una situación que amerita una profunda corrección.

Desde sectores de izquierda, la crítica visión que de Codelco han manifestado el ministro del ramo y el nuevo presidente de su directorio ha sido interpretada como un intento por privatizar la compañía, sin hacerse cargo de que todos los problemas mencionados son reales e importantes. De hecho, el saliente presidente del directorio decidió renunciar a la presidencia de Novandino Litio —la asociación entre Codelco y SQM—, dada la crítica a aspectos de su gestión en la cuprera. Asimismo, la manera complaciente con que la presidenta del comité de directores de Codelco se refirió, en una entrevista radial reciente, a la referida suerte de “sobreproducción” de diciembre de 2025 y a los consiguientes bonos mal pagados, no solo no aplaca la preocupación pública, sino que la aumenta. En efecto, el tono con que analizó los hechos, congratulándose de que las líneas de defensa (la “tercera línea”, insistió) que el gobierno corporativo tiene para hechos como estos habrían, a su juicio, funcionado, deja la impresión de un directorio que quiere minimizar lo sucedido en vez de mostrarse alarmado y molesto.

Las críticas a la gestión de la empresa no tienen como propósito quitarle su carácter estatal. Una de las razones por las que se ha propuesto que una parte minoritaria de la compañía pueda flotar en bolsa, manteniendo ese carácter estatal, es porque el mercado procesa con mucha mayor rapidez todas estas situaciones, incorporándolas de inmediato al precio de la acción, con lo cual las correcciones necesarias de introducir se validan por los resultados concretos a que dan lugar, los que se reflejan en el precio de la acción, y no por medio de discusiones públicas o ejercicios retóricos.