Señor Director:

La discusión sobre la reciente reestimación de la deuda pública no debiera reducirse a una disputa política. Es cierto que la deuda no evoluciona mecánicamente con el déficit fiscal: también influyen el tipo de cambio, el PIB nominal, amortizaciones, activos financieros y operaciones bajo la línea. Pero ese no es el punto central.

El problema surge cuando la trayectoria de deuda deja de ser consistente con la de déficits y necesidades de financiamiento. Según el último Informe de Finanzas Públicas, entre el IFP del tercer y cuarto trimestre de 2025 los déficits acumulados para 2026-2030 aumentaban en $13,5 billones, mientras la deuda bruta proyectada a 2030 solo subía $3,9 billones. La diferencia —$9,6 billones— no se reflejaba en la deuda proyectada. Eso sugiere una inconsistencia de trazabilidad stock-flujo, no simplemente una diferencia normal por supuestos macroeconómicos.

Además, el diagnóstico del FMI parece más cercano al nuevo escenario fiscal que al anterior. En su declaración final de la misión del Artículo IV 2026, proyecta un déficit cercano a 2,5% del PIB en 2026 —muy similar al 2,4% del IFP— y advierte que, sin ajustes adicionales, la deuda pública superaría el 45% del PIB en 2028. Eso refuerza la conclusión práctica, el espacio fiscal disponible era más estrecho de lo que sugería la trayectoria previa de deuda.

La implicancia es clara: si la deuda estaba subestimada, el espacio fiscal disponible era menor al informado. Eso afecta la programación financiera, la estrategia de emisiones y la credibilidad fiscal. En finanzas públicas, no basta con proyectar ingresos, gastos y déficits plausibles; esas cifras deben ser coherentes con la trayectoria de financiamiento y deuda.

El punto técnico, por tanto, es serio. La noticia de fondo no es solo una corrección contable, es que el presupuesto 2026 aparece más estrecho y probablemente requerirá mayor autorización de endeudamiento por parte del Congreso.

Decano Facultad de Administración y Economía UDP