La economía global enfrenta los efectos del shock de precios de los combustibles y otros productos derivado de la guerra en Medio Oriente y del cierre casi total del estrecho de Ormuz. El precio del petróleo sigue sobre los 100 dólares por barril. Cada día que el estrecho permanece bloqueado se pierden cerca de 14 millones de barriles de oferta, equivalente al 14% de la producción mundial. Dado el limitado margen de aumento de producción de otros países y el uso creciente de inventarios, si el conflicto se prolonga, los precios del petróleo podrían mantenerse elevados por un período prolongado, presionando la inflación y debilitando el crecimiento global.

¿Qué tan fuerte podría ser el impacto? La respuesta es simple: bastante significativo. En un seminario la semana pasada, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, señaló que el mundo podría acercarse al “escenario adverso” del World Economic Outlook de abril, con precios del petróleo en torno o por encima de los 100 dólares durante gran parte del año. En ese escenario, el crecimiento mundial de 2026 podría caer a 2,5%, desde el 2,9% proyectado en el “escenario de referencia”. Esto, a pesar del impulso que está recibiendo la economía global por la inversión relacionada con la IA.

Para Chile, este deterioro externo llega después de un inicio de año que parecía más favorable: menores tasas de interés, alto precio del cobre, precio del petróleo relativamente bajo y expectativas más positivas, impulsadas en parte por un nuevo gobierno que prometía priorizar crecimiento, empleo y seguridad. Sin embargo, el alza del precio de los combustibles, el empeoramiento del entorno internacional y el deterioro de las expectativas internas han complicado ese escenario.

Además, este shock encuentra a Chile con bajo crecimiento efectivo y tendencial, alto desempleo y una posición fiscal debilitada. En el primer trimestre del año el PIB se contrajo 1,1% anualizado, con caídas de la inversión y las exportaciones. La tasa de desempleo alcanzó 8,9% en el trimestre terminado en marzo, dos puntos porcentuales por encima del promedio 2010-2019. A su vez, el crecimiento tendencial o sostenible de la economía se estima en no más de 2% anual.

La situación fiscal también se ha deteriorado. La deuda pública se acerca al techo prudencial de 45% del PIB fijado por el gobierno anterior y respaldado por el Consejo Fiscal Autónomo. El fuerte aumento de la deuda pública a PIB es el resultado de déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años, derivados de sobreestimaciones sistemáticas de los ingresos estructurales y reiterados incumplimientos de las metas de balance estructural fijadas por los diferentes gobiernos.

Para fortalecer la sostenibilidad fiscal y recuperar credibilidad en la regla de balance estructural se requieren metas más exigentes, proyecciones más realistas y mayor disciplina en su cumplimiento. El deterioro fiscal limita la capacidad de aplicar políticas contracíclicas y reduce también el espacio para financiar políticas sociales y de oferta que el país necesita con urgencia.

En este contexto, se vuelve indispensable impulsar reformas que reactiven el crecimiento y el empleo. Ello no solo permitiría elevar salarios reales, sino también financiar de manera sostenible las crecientes demandas sociales en seguridad, salud, vivienda y educación, además de mejorar las oportunidades de progreso de la población. Más aún, en un mundo donde el capital busca oportunidades en países ricos en recursos naturales estratégicos para la inteligencia artificial y la transición energética, Chile enfrenta una oportunidad excepcional que no puede desaprovechar.

Como hemos aprendido de la teoría y la evidencia empírica, para dar un salto en el crecimiento tendencial se requieren políticas que creen condiciones favorables y previsibles para la inversión, la innovación, la formación de capital humano, la productividad y la participación laboral. Para ello se necesita estabilidad macroeconómica y financiera, regulaciones más simples, permisos de inversión más ágiles, mayor certeza jurídica, una estructura tributaria competitiva y políticas efectivas de formación de capital humano.

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social en discusión en el Congreso incorpora varias iniciativas en esta dirección: desregulación, agilización de permisos, reducción de la tasa del impuesto corporativo a niveles de la OCDE, seguridad tributaria, reintegración del sistema tributario y mayor certeza jurídica para grandes proyectos. También contempla subsidios al empleo formal, aunque será necesario acotarlos y complementarlos con políticas que impulsen la participación laboral femenina, como una sala cuna universal financiada con rentas generales para no afectar el empleo femenino y el crecimiento.

Sin embargo, dada la fragilidad fiscal acumulada en más de una década y el fuerte aumento de las tasas de interés internacionales de largo plazo, sería prudente recalibrar cuidadosamente los costos fiscales del proyecto y, de ser necesario, considerar otras políticas para fortalecer la solvencia fiscal. Como lo han señalado el CFA y el FMI, reducciones permanentes de ingresos tributarios deben evaluarse con cautela, porque sus efectos positivos sobre el crecimiento son de magnitud incierta y pueden exacerbar vulnerabilidades fiscales.

Después de más de una década de bajo crecimiento y expectativas frustradas de progreso, Chile necesita emprender reformas profundas que permitan recuperar dinamismo y generar más empleo, resguardando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal. El shock externo hace más evidente la urgencia, pero no altera el diagnóstico de fondo: sin un salto persistente en el crecimiento, el país tendrá cada vez menos capacidad para elevar salarios, financiar programas sociales, enfrentar el envejecimiento de la población, y recuperar el ahorro y recursos necesarios para enfrentar futuras crisis.