El Proyecto de Reconstrucción Nacional está diseñado sobre un diagnóstico claro, pero estrecho: que el crecimiento estructural depende centralmente de los impuestos.

Este diagnóstico no explica el pasado, pues ignora la caída en el crecimiento tendencial asociada al fin del boom del precio del cobre hacia el 2012, el menor crecimiento global, la desaceleración del comercio mundial y los cambios demográficos.

Tampoco resuelve el futuro. Omite que el país no ha invertido en educación temprana ni en facilitar el empleo de más mujeres, cosa que quiso hacer el proyecto de sala cuna universal y que, antes de asumir, el equipo del Gobierno descartó porque le pareció caro.

Asimismo, desestima que la capacitación requiere, más que fuertes recortes, de una profunda revisión, así como una mayor inversión en programas que sí funcionan.

También olvida que hay espacio para diversificar y complejizar las exportaciones a través de inversión en conectividad y el apoyo al desarrollo de una industria de servicios que no dependa de la distancia geográfica.

Y así.

Mucho se ha dicho ya que el impuesto corporativo merece revisión, cosa en la que estoy de acuerdo siempre que la menor recaudación sea debidamente compensada. El proyecto de ley es fiscalmente deficitario al menos hasta el 2031, incluso en los escenarios optimistas del Gobierno. Incluyendo el acuerdo “por los pañales” con el PDG, se necesita financiamiento por unos 10 mil millones de dólares en el período 2026-2031 para cubrir los déficits del proyecto. A ello se agregan 14 puntos de PIB de déficit estructural que estima, en adición al proyecto, el FMI para el mismo período.

Los recortes al gasto informados a la fecha no compensan los menores ingresos fiscales del proyecto. Tampoco es evidente que sean permanentes. Cerca de un 20% son recortes a iniciativas de inversión. Los gobiernos suelen rebajar el gasto en capital cuando deben hacer ajustes, pero es solo un gasto que se traslada al futuro. Lo mismo puede decirse del recorte a salud. Como todos los años, en el último trimestre seguramente se devolverán esos fondos al ministerio y se le agregarán otros más porque nunca alcanzan.

La presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre se ha dilatado una y otra vez, y no conocemos las proyecciones propias de la Dipres. Ello no ha impedido al Congreso avanzar en la aprobación de un proyecto que aleja al fisco aún más de la convergencia a pesar de tener información incompleta.

El proyecto puede achicarse, reduciendo sus costos sin perder potencial de generar crecimiento. La integración tributaria no genera crecimiento; tampoco la exención a las contribuciones. La invariabilidad traería un sinnúmero de problemas y cuesta vislumbrar efectos positivos que compensen. Lo mismo puede decirse de los perdonazos a quienes mantienen ingresos no declarados en el exterior y la invitación a planificar herencias sin pagar lo que corresponde. Todo ello puede descartarse.

El crédito tributario al empleo, uno de los componentes más caros del proyecto, debe reformularse. El Gobierno argumenta que el objetivo es proteger empleos vulnerables a la informalidad. Pero debe explicar por qué esta medida sería efectiva y por qué necesita gastar en ella unas cinco veces lo que requiere el proyecto de salas cuna que desechó.

En efecto, es contradictorio que, tratándose de una rebaja tributaria, solo las empresas con utilidades reciban el beneficio. Las empresas en dificultades, donde el empleo y la formalidad sí estarían en riesgo, no tienen cómo beneficiarse. Asimismo, como ha indicado el Consejo Fiscal Autónomo, el diseño invita a la planificación tributaria por la vía de fragmentar contratos y reclasificar componentes de las remuneraciones sin un impacto real en ellas y el empleo. Asimismo, promueve que los salarios no se reajusten en términos reales, toda vez que los parámetros del crédito solo cambian con el IPC.

La propuesta también ignora qué hay detrás de la informalidad. De partida, olvida que la medida que usa el INE —basada en convenios internacionales— no se ajusta bien a nuestra realidad. Unos tres puntos de la informalidad son personas en edad de jubilar que trabajan con contrato en empresas formales, pero que no están obligadas a cotizar por su edad. Otros cuatro son personas que entregan boletas de honorarios y, como tales, son reconocidos formalmente por el SII y cotizan. Pero no lo hacen a través de su empleador, como exige la medida del INE, apareciendo como informales cuando no lo son.

Atender la informalidad requiere entender qué hay detrás de ella. No es solo costos. Para algunos se trata de un modo flexible de trabajar. Para otros, excluidos del mercado formal por su baja capacitación, deberes de cuidado o simplemente discriminación, es la única alternativa.

La comisión convocada por el ministro Rau puede sugerir propuestas mucho más sensatas y más efectivas en el plazo que se le ha dado. Con todos los recursos que se pretende gastar en esta medida, de seguro puede ofrecer mejores ideas y, de paso, contener los riesgos fiscales que significa el proyecto.