Hace un poco más de cinco meses, los chilenos eligieron a José Antonio Kast como Presidente de la República por dos razones: seguridad y crecimiento.

En la primera tarea, el Gobierno ha decepcionado. No solo por la falta de medidas concretas —el arresto del prófugo cultivador de marihuana Jorge Huenchullán es quizás, simbólicamente, el mayor de los logros hasta el momento—, sino principalmente por lo que a estas alturas parece una verdad incontrarrestable: la ausencia de un plan estructurado y profesional para enfrentar y dar respuesta a la mayor preocupación de los chilenos.

Parece increíble que un sector político que hizo de la percepción de inseguridad nacional su telón de fondo durante años —al menos desde 2019 a la fecha—, haya llegado al poder sin un libreto coherente y trabajado para dar respuestas a los problemas reales que tanto se ensañó en criticar con vehemencia cuando era oposición.

La expectativa ciudadana era mayúscula y la confianza, hasta ahora, ha sido defraudada. La salida de la ministra Trinidad Steinert del gabinete, después de su ya famosa e insólita respuesta en el Congreso, responde precisamente a esta carencia. Pero lo de Steinert es apenas un síntoma de un problema mucho mayor: el Gobierno llegó a gobernar sin un proyecto acabado en uno de los dos temas que ellos se autoimpusieron como los más acuciantes.

En materia económica la situación es radicalmente distinta.

Hasta ahora, los ministerios sectoriales, encabezados por el primus inter pares de Teatinos 120, han hecho exactamente lo contrario: elaboraron un proyecto de ley macizo, ambicioso y detallado, probablemente el compendio económico-legislativo más importante desde que la Presidenta Bachelet y Alberto Arenas impulsaran su amarga reforma tributaria en los albores del segundo trimestre de 2014.

La aprobación casi completa del articulado del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social el miércoles 20 de mayo por la Cámara de Diputados es un triunfo mayúsculo para el Gobierno, y una victoria importantísima para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El microeconomista tiene, hasta ahora, casi todo el crédito (el saldo queda para el ministro de la Segpres). Se jugó por completo por un diseño amplio y profundo, que no demoró ni un segundo en encontrar una oposición enconada por gran parte de las fuerzas parlamentarias de izquierda.

Su jugada más arriesgada fue iniciar la tramitación en medio de la mayor alza histórica de los combustibles, con el consecuente incremento de la inflación, pero sobre todo con un creciente aumento en la desaprobación de Kast, su gobierno y su gabinete. Y, hasta ahora, la efectividad de Quiroz es envidiable.

Más allá de esta exitosa gestión política, la llamada megarreforma está lejos de ser un manifiesto de fanáticos y ultrones. En lo medular, devuelve la tasa de impuestos corporativos al promedio de la OCDE, al rebajar la tasa de 27% a 23%; reintegra el sistema para que los contribuyentes puedan descontar todos los impuestos pagados en sus empresas de sus impuestos personales; y entrega invariabilidad tributaria a un grupo relevante de inversiones por un plazo de 25 años.

Todas estas medidas apuntan en la dirección que el país necesita. La primera y más importante es elevar la tasa de crecimiento. En los últimos 10 años, la expansión promedio llega apenas al PIB tendencial: 2,1%. En esta misma década, Chile ha superado solo dos veces un aumento del PIB por sobre el 2,6% (2018 y 2021) y una de ellas se explica por la baja base comparativa del año de la pandemia.

Los actores económicos ya han reaccionado a estas expectativas positivas. La formación bruta de capital fijo en maquinarias y equipos sumó su cuarto trimestre con una tasa de crecimiento de dos dígitos; la bolsa ha subido 27% en 12 meses en línea con las mejores perspectivas locales y externas, y el tipo de cambio se ha apreciado 9% en los últimos 10 meses.

La tramitación en el Senado será dura, ya que los márgenes son mucho más estrechos y en la Cámara Alta no están los votos del PDG. Desde ya, las bancadas de senadores del PC, FA, PS y PPD anunciaron su rechazo a la idea de legislar. Y en el frente municipal, el proyecto seguirá recibiendo las críticas de los alcaldes por la regresiva medida de eliminar las contribuciones para la primera vivienda de los propietarios de tercera edad.

Si el Gobierno logra aprobar su proyecto en el Senado, se habrá anotado la que probablemente sea la mayor victoria legislativa de su mandato. Y podría agudizar aún más el contraste entre su gestión económica y de seguridad.

La tarea del ministro Martín Arrau es, por lo mismo —y más allá de lo técnico—, profundamente política: reducir la que hasta ahora es una brecha abismal entre estos dos tipos de gestiones. Una disociación tan esquizofrénica que pareciera ser que en cada uno de estos ámbitos nos estuviera gobernado un Ejecutivo diferente.

Dos caras de La Moneda demasiado diferentes para no terminar generando costos políticos irremediables.