Señor Director:

En la columna del miércoles sobre gratuidad universitaria se plantean aspectos relevantes que compartimos, como la arbitrariedad en la regulación de aranceles y los deficientes resultados de esta política. Se trata, además, de un gasto fiscal enorme, donde el presupuesto en gratuidad universitaria casi duplica al de educación parvularia, y que ha crecido fuertemente en desmedro de niveles educativos donde la rentabilidad social es mucho mayor. Y pese a su costo, la gratuidad no ha mejorado el acceso. Corregirla es urgente. Lo más razonable es aplicar mayores controles en la asignación, limitando los deciles que pueden acceder a ella, especialmente mientras el país no haya satisfecho sus necesidades en educación parvularia y escolar.

Dicho esto, discrepamos en el diagnóstico que se entrega sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE). Las elevadas tasas de morosidad que hoy se reportan no son un problema de diseño, sino de aplicación: nunca se implementaron las herramientas de recuperación que la propia norma contemplaba. La baja recaudación no refleja un instrumento deficiente, sino que no se cobró como correspondía, y las acciones recientes de la nueva administración demuestran que, bien gestionado, puede ser eficaz.

La provisión mixta en educación superior es la fórmula que internacionalmente ha demostrado tener éxito, y el camino es avanzar hacia un crédito con pagos contingentes al ingreso y sin intermediación bancaria. Reabrir una discusión que el mundo académico, los expertos y el propio debate legislativo ya zanjaron, como la de reemplazar el crédito por un impuesto al graduado —el FES—, no parece razonable.

Directora de Estudios Acción Educar