Señor Director:

En respuesta a la carta “Migración y derecho a educarse”, publicada recientemente en su medio, quienes trabajamos desde la academia en temas de niñez y desarrollo humano queremos sumarnos a la preocupación frente a la indicación que permitiría solicitar información de personas migrantes en situación irregular a instituciones de salud y educación.

Nos preocupan especialmente sus efectos sobre niños, niñas y adolescentes. Cuando las familias perciben temor o incertidumbre en su relación con instituciones de cuidado, aumenta el riesgo de que se alejen de espacios clave para su bienestar, afectando el acceso a educación, salud y redes de apoyo.

En la infancia, esto no es neutro. El estrés sostenido y la pérdida de redes de apoyo impactan el desarrollo emocional, social y cognitivo, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

También nos preocupa el efecto que este tipo de medidas pueda tener sobre la capacidad de las instituciones para cumplir adecuadamente sus funciones de cuidado, prevención e inclusión social.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a resguardar el acceso a salud, educación y protección sin discriminación y a considerar siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes en toda decisión que pueda afectarles.

Entendemos que los desafíos migratorios representan una preocupación legítima y compleja para cualquier Estado. Precisamente por eso, creemos importante que las decisiones públicas consideren cuidadosamente sus efectos indirectos sobre la infancia y resguarden siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes, especialmente de quienes viven situaciones de mayor fragilidad.

PhD Antropología

PhD Neurociencia

PhD Psicología

PhD Medicina

PhD Ciencias Biomédicas

(Esta carta la suscriben 28 académicos)