Numerosos escándalos de corrupción han remecido la política española, y en especial al PSOE, durante los últimos años, pero la investigación judicial que ha dejado como imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero supera en impacto a todos. No solo por su condición de exgobernante —el primero imputado judicialmente en 50 años de democracia—, sino porque se trata de uno de los principales referentes del actual socialismo español y que ha jugado un papel clave en la articulación del gobierno de Pedro Sánchez. Así, este bien puede ser el mayor golpe de la justicia contra un PSOE ya acosado por las denuncias y debilitado electoralmente.

Zapatero deberá declarar el 2 de junio por las graves acusaciones que lo apuntan como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La investigación tiene como foco el supuesto cobro de comisiones ilegales por el rescate millonario de una aerolínea española con vínculos en Venezuela, que no habría cumplido las condiciones de “empresa estratégica” y viabilidad económica que se exigían. Según el juez, Zapatero habría usado sus contactos personales en la administración para obtener decisiones favorables a la aerolínea, al mismo tiempo que se empleaban empresas de fachada para emitir contratos de asesorías y facturas falsas que justificaran los traspasos de dinero. Según el magistrado, hay indicios del uso de una empresa formada en Dubái para blanquear capitales y evitar su trazabilidad.

Figura controvertida que salió del gobierno en 2011, dejando al país en una grave crisis económica, Zapatero recuperó prestigio en el partido como “mentor” de Sánchez, pero también por la red de contactos con la izquierda latinoamericana que construyó durante la década pasada. Los socialistas lo reconocen como un “progresista”, que alejó al PSOE de la línea de Felipe González. Un político de “izquierda real” (a diferencia de González), que ayudó a Sánchez en su acercamiento con las fuerzas independentistas para armar las mayorías que le permitieron investirse. Mientras, en paralelo, su trabajo político en América Latina lo transformó en el gran nexo con el chavismo, gozando de acceso privilegiado a la dupla de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Así, ha sido —en su imagen más pública— observador electoral, mediador con la oposición y negociador en las liberaciones de presos. Pero, según el auto de imputación del juez, sus actuaciones en ese país no tenían solo motivación política: él era también la vía de acceso para quien quisiera, entre otros negocios, comprar petróleo venezolano. “La operativa de la red (que supuestamente lideraba) incluye la intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas”, dice el referido auto. Documento que, además, revela la colaboración que ha recibido la investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Este intrincado panorama complica a Sánchez, quien le dio “todo su apoyo” a Zapatero y defendió su presunción de inocencia, pero también aseguró colaboración con la justicia. Sugerentemente, tras haberse apresurado a calificar la situación como “lawfare”, sectores del PSOE han retrocedido ante la contundencia de los antecedentes (si bien insisten en que se trata de “indicios” y no de “pruebas”). Esto ha llevado a que, en la izquierda dura, Pablo Iglesias haya manifestado su extrañeza por la reacción de quienes ya le han “bajado el dedo” al exgobernante, en circunstancias que de la acusación contra este “no se puede desentender Sánchez”, pues fue el gobierno el que decidió el cuestionado rescate de la aerolínea. Para la oposición de derechas, esta es otra razón para demandar la dimisión de Sánchez y la convocatoria a elecciones. Como sea, todo indica que este será un proceso largo y engorroso, pero parece difícil que Zapatero, y por ende el propio Pedro Sánchez, puedan salir incólumes.