Los datos de cuentas nacionales recientemente publicados son propios de una economía estancada. Según el Banco Central, en el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto de Chile cayó un 0,5% respecto de igual período de 2025. Es un resultado altamente preocupante, ya anticipado por la evolución del desempleo en los primeros meses del año.

Desde el punto de vista de los componentes del gasto, la cifra se explica en gran parte por el comercio exterior. Las exportaciones experimentaron en el primer trimestre una variación de -4,9%. Menores envíos frutícolas y de cobre estuvieron tras este fenómeno. A la menor actividad también contribuyó el aumento de las importaciones (2,0%), explicada por la internación de aparatos electrónicos, equipos de transporte y, como era de esperar, por el ingreso de petróleo crudo, que tuvo un fuerte aumento en su valor a partir del conflicto en Medio Oriente.

El sensible impacto de las exportaciones netas sobre los niveles de actividad demuestra los riesgos que enfrenta una economía pequeña abierta al mundo que, por más de una década, no ha encontrado la clave para retomar la senda del crecimiento. Ello obliga a la clase política, y particularmente a las fuerzas que gobernaron bajo la administración Boric, a reflexionar sobre el costo que significó haber tensionado la institucionalidad económica, desacreditar la iniciativa privada, impulsar ideologías fallidas y, en último término, dejar el crecimiento económico en segundo plano.

Respecto de los otros elementos del gasto, trimestre 2026 versus trimestre 2025, la inversión tuvo una variación de 0,6% y el consumo un 2,6%, fuertemente influido por un aumento en el consumo del gobierno, que experimentó un salto de 3%. Con todo, la demanda interna creció 2,1% y solo un 0,7% desestacionalizada (variación respecto del período inmediatamente anterior).

El análisis por actividad permite identificar las fuentes de desaceleración: la actividad agropecuaria-silvícola cayó un 5,4%; la pesca, -18,6%, y la minería, -3,1%, lo que se explica largamente por la merma en la producción cuprífera. Por su parte, la manufactura se redujo -2%, influida por la industria de alimentos. Entre las actividades con una mayor expansión estuvieron los servicios financieros (4,1%) y restaurantes y hoteles (2,5%), pero su baja incidencia no logró compensar el retroceso de los otros sectores.

La contracción trimestral de una economía debe ser motivo de alerta siempre. Sin embargo, en el contexto chileno, tiene un significado distinto.

En el pasado, las expectativas de los agentes frente a la llegada de un gobierno comprometido con el crecimiento fueron una fuerza movilizadora. Así sucedió con la transición desde la segunda administración Bachelet a la segunda administración Piñera: si en 2017 el país creció un 1,4%, en 2018 la expansión fue de 4%. Pero en esta oportunidad, a la luz de las cifras, parece concluirse que las expectativas por el cambio de administración no han sido suficientes para activar la economía. Es probable que la aprobación en la Cámara del proyecto de Reconstrucción Nacional pueda alentar algo más a los agentes económicos. Sin embargo, es posible que sea necesario hacer esfuerzos institucionales aún mayores durante los próximos años, para asegurar un verdadero retorno a la senda de progreso.

En efecto, es probable que no sea suficiente corregir solo ciertos errores cometidos en la última década, pues el daño infligido a nuestro motor de crecimiento puede haber sido estructural. En este sentido, ejemplos como la decisión del Segundo Tribunal Ambiental en el caso Collahuasi, que echó por tierra una resolución de calificación ambiental aprobada en 2021, hablan de una institucionalidad que, sin capacidad para asegurar mínimas certezas, opera como implacable freno al progreso.