Sorpresivo en cuanto al momento elegido, pero no respecto del punto de fondo —la deficiente evaluación de las dos ministras removidas—, fue el cambio de gabinete realizado ayer por el Presidente José Antonio Kast, el primero de su administración. Los nombramientos, en enero pasado, de Trinidad Steinert, como ministra de Seguridad, y de Mara Sedini, como vocera, representaron dos apuestas de alta audacia, las que, sin embargo, al poco andar se demostraron fallidas. Ha de haber sido duro para el mandatario el paso dado ayer, tanto por razones humanas como porque supone admitir el fracaso de parte de su diseño inicial de gobierno. Sin embargo, en materias como esta, postergar una decisión solo agrava los problemas y acrecienta los costos. Cabe valorar que así lo haya entendido Kast.

De las dos ministras salientes, tal vez el caso más complejo es el de Steinert. Las buenas evaluaciones que existían respecto de su trabajo como fiscal en el norte fueron el aval que la instaló en el gabinete, sin que se advirtiera que las capacidades que demostró como persecutora no eran las mismas que requiere un ministro de Estado. A días de llegar, se enfrascó en un confuso episodio a raíz de la salida de la directora de Inteligencia de la PDI, asunto en el cual su participación no ha terminado de aclararse y en que se espera para estos mismos días un pronunciamiento de la Contraloría que pudo haber sido el factor que aceleró su remoción. Las debilidades comunicacionales —intervenciones titubeantes, cuñas desafortunadas— de la ahora exministra no la ayudaron a sortear esa situación, pero tampoco a proyectar la seguridad que se espera de quien dirige una cartera que precisamente tiene ese nombre. En lo de fondo, se la vio activa participando en operativos conjuntos de Carabineros y la PDI, y las exitosas incursiones policiales y del Ejército en Temucuicui aparecen como un logro del Estado, donde cabe reconocer su mérito. Con todo, esas acciones fueron el único punto en que un gobierno que fue electo con la seguridad como promesa central ha mostrado hasta ahora alguna diferencia relevante respecto del manejo de la administración anterior en esta materia. Sobre el sucesor de Steinert, el hasta ayer ministro de Obras Públicas, Martín Arrau —un político del partido del mandatario, con trayectoria y desempeño eficaz en distintos cargos—, recaerá ahora la difícil tarea de mostrar si, más allá de los traspiés de los dos primeros meses, esta administración sí tiene acá un plan e ideas bien concebidas, y no solo eslóganes, para cumplir el compromiso asumido con los chilenos.

En cuanto a la ahora exvocera, su salida representa el fracaso de un modelo que despojaba a la Secretaría General de Gobierno de parte de sus características ministeriales —asumidas de facto por el segundo piso presidencial—, para acercarse a los esquemas de vocería existentes, por ejemplo, en Estados Unidos. Más allá de los problemas institucionales —e incluso prescindiendo de algunos gruesos errores cometidos por ella—, este diseño, ajeno a nuestra tradición, inevitablemente la desempoderaba y restaba peso a sus intervenciones, que rápidamente cayeron en la irrelevancia. La llegada al cargo del también ministro del Interior debiera resolver parte importante de esos problemas, pero abre la pregunta de si es prudente añadir a las ya muchas y delicadas tareas que cumple Alvarado, la de ser además vocero. Y a ello —tal como ocurre en Seguridad— se agrega un problema que trasciende a las personas: la aparente ausencia de una estrategia comunicacional clara, que ordene los mensajes gubernamentales, y que proteja la figura del Presidente, en lugar de exponerlo recurrentemente como hasta ahora se ha visto.

En fin, a diferencia de lo que fueron las designaciones de enero, Kast esta vez no ha traído a su gabinete figuras nuevas o ajenas a la política. Ello parece en principio positivo: cuando el gobierno está en pleno rodaje, el espacio para pruebas se reduce. Con todo, inquieta la nueva apuesta por los biministros, con Alvarado y con Louis de Grange (Transportes y ahora Obras Públicas) sumándose al caso de Daniel Mas en Energía y Minería. Puede haber buenas razones para unificar la gestión en esas carteras, pero inquieta que ello solo responda a la necesidad de resolver con rapidez una emergencia.