Señor Director:

Nos preocupa profundamente la posibilidad de exigir a escuelas y centros de salud públicos entregar información sobre personas migrantes en situación irregular en el marco de procedimientos de expulsión.

Quienes trabajamos y colaboramos en ámbitos vinculados a la educación, la infancia, la salud y el desarrollo de las comunidades, sabemos que las instituciones públicas no pueden transformarse en espacios de vigilancia o denuncia. Su misión es otra: educar, cuidar, sanar, acompañar y proteger a las personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Las escuelas, jardines infantiles, liceos y centros de salud construyen diariamente vínculos de confianza con las familias. Esa confianza es una condición esencial para que los niños aprendan, se cuiden y permanezcan vinculados a las instituciones que deben proteger sus derechos. Cuando el acceso a estos espacios se condiciona a mecanismos de delación, ese vínculo se fractura y su reconstrucción es extremadamente difícil.

Convertir a docentes, directivos, educadoras, profesionales de apoyo o funcionarios públicos en agentes de control migratorio desnaturaliza profundamente su labor y desplaza a las instituciones de su propósito fundamental.

En un momento en que las comunidades enfrentan graves tensiones sociales, fragilidad emocional y debilitamiento de los vínculos, medidas de este tipo tendrían consecuencias concretas sobre niños y adolescentes reales: más temor, más ausentismo, más deserción y mayor exclusión.

La protección de la infancia no admite excepciones ni condiciones administrativas. Las instituciones educativas y de cuidado deben seguir siendo espacios seguros, donde la dignidad humana esté por encima de cualquier situación migratoria.

El Estado tiene el deber de abordar los desafíos migratorios con responsabilidad y apego a la ley. Pero trasladar esa función a instituciones cuyo propósito es educar, cuidar y proteger no solo constituye un error de política pública: pone en riesgo derechos fundamentales y debilita uno de los pocos espacios de confianza que aún sostienen a nuestras comunidades.

Directora ejecutiva Red de Colegios CEAS.

Directora académica Educa Araucanía

Presidenta SIP Red de Colegios

Director Centro Políticas Comparadas de Educación CPCE UDP

Profesor emérito de la UDP