La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones que acogió un recurso de protección sobre la fórmula de cálculo de los aranceles regulados de la gratuidad para una institución de educación superior.

No cabe minimizar este hecho. Constituye una severa crítica a la Subsecretaría de Educación Superior del anterior gobierno por incurrir en “ilegalidad y arbitrariedad” al modificar aspectos sustantivos en la metodología de cálculo no observadas por la Comisión de Expertos que interviene en el proceso según contempla la Ley 19.880.

Pero el fallo tiene otras lecturas. Es un precedente importante sobre cómo se deben fijar los aranceles regulados. Refuerza el rol de la Comisión de Expertos que la ley dispuso para ser contraparte frente a la autoridad. Pero más importante todavía, reabre el debate sobre la gratuidad.

Esta política pública establece un itinerario hacia la gratuidad universal con independencia del nivel de ingresos, lo cual es regresivo e injusto, y a diez años de su instauración no son claros sus beneficios sociales. Desde luego, no tuvo mayores efectos en el acceso; el CAE fue el instrumento que masificó el ingreso a la educación terciaria. Pero, además, su gasto actual por US$ 2.500 millones frena las posibilidades de destinar mayores recursos a otras urgencias sociales más apremiantes. Y, al ser el principal canal de soporte financiero para las instituciones adscritas, en un contexto fiscal deteriorado, es también un problema para las instituciones que buscan fortalecer y asegurar la calidad, lo cual el reciente fallo no hace sino confirmar.

Pero el fallo es una muestra más de un sistema de financiamiento a la educación superior que requiere de una revisión profunda. La evidencia internacional revela que es la provisión de financiamiento mixto público-privado la que mejor conjuga eficiencia, calidad y equidad. Los países, en su mayoría, han migrado a sistemas no gratuitos en que, por un lado, crece el aporte privado, el llamado copago. En muchos casos, por razones fiscales, el grueso del aporte del Estado se hace mediante créditos con pagos contingentes al ingreso y condonación del saldo de deuda al final del período. La gratuidad es la excepción y no la regla. Chile ha ido en dirección opuesta y las señales son elocuentes.

Hace poco hubo amplia cobertura en los medios al conocerse que reconocidas figuras del ámbito nacional eran deudores morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), así como la existencia de morosos del CAE con sueldos por sobre los $5 millones. En ambos casos la reacción pública fue de reproche al tratarse de recursos del Estado para financiar los estudios de quienes tenían cómo pagar.

El Fondo Solidario creado en 1993, y el CAE en 2005, comparten la misma característica: una muy baja recuperación. Ambos han financiado los estudios de alrededor de un millón y medio de estudiantes con un gasto en recursos públicos o aval del Estado que supera los US$15 mil millones. Las elevadas tasas de morosidad, en el caso del CAE de un 70%, dan cuenta de los problemas de diseño y de la necesidad de una reforma. La oportunidad es ahora. Esta es una tarea compleja, pero urgente. El anterior gobierno, aunque tarde, había cedido en aquellos aspectos negativos del FES y manifestó su decisión de crear un crédito con pagos contingentes al ingreso. Es decir, se han creado condiciones en el plano político para facilitar un acuerdo legislativo.

En suma, no es tiempo de seguir con medidas de parche y es ineludible abordar integralmente el financiamiento público a la educación superior. En la gratuidad, modificar la ley que establece la gratuidad universal, y una mayor fiscalización sobre la condición socioeconómica de los actuales y futuros beneficiarios. En el CAE, una reforma para crear un verdadero crédito público con pagos contingentes al ingreso, condonación al final del período de pago, sin participación de la banca y herramientas efectivas de cobranza.

Finalmente, como la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I&D&i) generan bienes públicos valiosos para el progreso económico y social de Chile, el aporte público es indispensable y es un hecho que está detenido por razones fiscales. Así, cabría agregar un compromiso de que parte de los mayores recursos generados por la recaudación de un nuevo sistema de crédito, vaya al financiamiento de I&D&i.