El anterior y el actual gobierno, así como el Congreso, impulsan reformas en materia de nombramiento de jueces. No cabe sino aplaudir. Los hechos que investiga la justicia penal respecto de algunos de quienes ejercían la judicatura han dañado el prestigio y la credibilidad en que descansa la autoridad de ese poder del Estado.

Las conductas reprochables se imputan a ministros de Corte. Sin embargo, los proyectos se proponen hacer reformas muy significativas en la designación de jueces de instancia, incorporando un cuerpo único de nombramiento para todos los magistrados del país. Un experimento así, ajeno a nuestra tradición, y que ha dado malos resultados en la mayor parte de los países que lo han experimentado, tiene, al menos, cuatro problemas que amenazan con dejar las cosas peor.

En primer lugar, su excesiva centralización. El proyecto asume erradamente que un mismo ente será capaz de entender el juez que conviene a cada uno de los juzgados a lo largo del país, cualquiera sea su especialidad. En cuanto el consejo deberá, además, designar a los ministros de Corte de Apelaciones, el proyecto asume que jueces de instancia que no han ejercido en esas cortes serán los más aptos para discernir las competencias y habilidades que se requieren en segunda instancia.

Tampoco avizoramos modo de integrar adecuadamente este consejo; si por sorteo, ello amenaza que sea integrado por personas que no tengan ni la habilidad ni el interés. Si son elegidos, habrá que preguntarse qué tipo de jueces querrán renunciar (temporalmente) a impartir justicia para incidir en la carrera de sus pares. ¿Con qué interés lo harían? Por último, si este poderoso consejo nacional único va a designar a todos los jueces y ministros titulares y suplentes y va a tomar en ello un tiempo razonable, sus integrantes tendrán que tener dedicación exclusiva. Otra razón para dudar de la vocación judicial de los jueces que se interesen en la tarea.

Por cierto que hay mejoras que hacer en materia de designación de jueces de instancia. Desde luego, la primera destinación debiera estar determinada por las calificaciones obtenidas en la Academia Judicial. El primer ascenso podría ser por antigüedad entre quienes hayan obtenido calificaciones sobresalientes.

De ahí en más, y para ascender a ministro de Corte de Apelaciones, las actuales deficiencias no radican en quienes elaboran las ternas, sino en el modo en que lo hacen. El método actual no asegura un proceso reflexivo y deliberativo. Esas características pueden lograrse con reformas sencillas. La experiencia del Consejo de Alta Dirección Pública y la de los comités de búsqueda que emplean universidades y gremios tienen interesantes lecciones que aportar a esta tarea.

En el nombramiento para integrar el máximo tribunal, es la propia Corte Suprema la que debe mantenerse elaborando las quinas, pues ella conoce mejor que nadie el perfil de cargo que necesita y los méritos de quienes aspiran a ella. Debe, con todo, modificar su método, en aras de un proceso selectivo más deliberativo, particularmente para abogados extraños, a quienes no basta conocer por una exposición.

Es sabio que se acorten los plazos del Presidente para elegir y del Senado para ratificar. Ello es, sobre todo, un antídoto para el tráfico de influencias. La experiencia de la participación del Senado deja mucho que desear. Si no hubiera voluntad para suprimirla y volver a una tradición que presentó menos inconvenientes, habría que regular más y mejor el proceso de deliberación en ese cenáculo, a objeto que el proceso se encamine, no a que el Senado marque su preferencia en la quina, que esa es facultad del Presidente, sino limitarse a ratificar la elección del Presidente, salvo que, en un juicio fundado, estime que el elegido no reúne condiciones profesionales o morales para integrarse al máximo tribunal.

Nos esperanzamos que la reforma finalmente se base en un acertado diagnóstico y apunte a solucionar problemas donde los hay. La crisis por la que ha atravesado el Poder Judicial ha sido grave. Eso no significa, sin embargo, que sea sabio experimentar una refundación.