Una autocrítica valiosa pero más bien tibia es la que hicieron, hace algunos días, destacados economistas de centroizquierda en un comentado seminario. Con diferente intensidad, reconocieron la falta de realismo que marcó las proyecciones de ingresos fiscales efectuadas en el pasado —principalmente, durante la segunda administración de Michelle Bachelet—, lo que llevó a aumentos del gasto mayores a lo razonable y, con ello, a un persistente incremento de los déficits fiscales y de la deuda pública.

Este reconocimiento tiene valor en la medida en que confirma lo que muchos analistas han venido advirtiendo desde hace años: numerosas reformas tributarias sucesivamente implementadas no han rendido como se prometió, registrándose niveles de recaudación mucho menores de lo que se esperaba, debido, en parte, a la ralentización del crecimiento que esas mismas reformas generaron. En contrapartida, los gastos comprometidos —y que se suponía serían financiados vía los aumentos de impuestos— han sido cuantiosos y el resultado de ese descalce es una presión fiscal que subsiste hasta hoy. Desafortunadamente, dicho infundado optimismo fiscal fue una visión que persistió durante largo tiempo, agudizando los desequilibrios. Durante la pandemia, por ejemplo, las presiones políticas para que el gobierno de la época impulsara una política fiscal hiperexpansiva encontraron apoyo decisivo en algunos de los más connotados economistas de izquierda, esgrimiendo como argumento la aparente existencia de un importante espacio fiscal que permitiría financiar los ingentes subsidios. Corolario de todo fue el proyecto constitucional de la Convención, cuyos contenidos representaban una amenaza evidente a la responsabilidad fiscal y al crecimiento. Frente a ello, si bien algunos economistas del sector advirtieron esos peligros y se sumaron al Rechazo, otros insólitamente apoyaron el texto refundacional.

Ahora, la coincidencia de la autocrítica con la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional exige diferenciar los ámbitos de aprendizaje que dejaron las experiencias pasadas. Por una parte, está la necesidad de ser conservadores en las estimaciones de ingresos fiscales, de tal manera que los gastos ciertos no sean financiados con ingresos inciertos y, como ha sido en el pasado, artificialmente optimistas. La verdadera autocrítica a realizar, sin embargo, debiera estar relacionada con el foco en políticas redistributivas —como la fuerte alza de impuestos y el indiscriminado aumento en las regulaciones— que han perjudicado el crecimiento económico. Y es que la visión negacionista del efecto de las regulaciones y los impuestos sobre el crecimiento representa el principal daño que algunos técnicos de la centroizquierda han infligido al debate público.

Revisar esa lógica es hoy más necesario que nunca. En efecto, so pretexto de la legítima preocupación fiscal, el país corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad de modificar las políticas que han perjudicado el dinamismo. Por ello es necesario redirigir el rumbo de la discusión, favoreciendo las condiciones para invertir, especialmente cuando el Gobierno está haciendo un esfuerzo de ajuste del gasto que permitiría compensar los menores ingresos provenientes de los menores tributos. El proyecto de Reconstrucción —más allá de algunos de sus contenidos que ameriten modificarse— no es deficitario si se toman en cuenta los recortes presupuestarios que se han anunciado. Por ello, más que un debate sobre cómo compensar con mayores tributos la rebaja del impuesto de primera categoría, la discusión debería orientarse hacia asegurar el espacio y la sostenibilidad de los ajustes que se están implementando.