Rasgo compartido por los casos más recientes de parlamentarios o excongresistas que han sido formalizados o son objeto de investigación por el Ministerio Público, es que en todos ellos la imputación refiere al supuesto mal uso de los recursos que el Congreso les asignaba. Así, las conductas que se indagan van desde la contratación con dineros públicos de personal que, en lugar de contribuir a la función parlamentaria, habría cumplido tareas de campaña, hasta la supuesta obligación impuesta al equipo de una congresista para que le entregaran regularmente a ella una parte de sus remuneraciones, pasando por la presentación de facturas presuntamente falsas para acceder a su reembolso.

Se trata de investigaciones en curso y donde asiste a cada uno de los imputados la presunción de inocencia. Con todo, sí llama la atención que estos casos no hayan motivado una reflexión en ambas ramas legislativas sobre el modo en que está funcionando su sistema de asignaciones. Más aún considerando que, durante los últimos 20 años, son muchas las indagatorias penales a este respecto que, con desenlace diverso (incluidas condenas judiciales), han afectado a congresistas, sumadas a recurrentes denuncias periodísticas.

Las asignaciones financian tres áreas de gastos: la contratación de asesorías externas, el pago de personal de apoyo y los llamados gastos operacionales, que incluyen arriendos de sedes, pasajes, combustible, telefonía móvil, etc. Se trata de sumas importantes: el monto total mensual asignado a cada senador puede llegar a los $24 millones, mientras que para los diputados supera los $15 millones. Frente a esas magnitudes, la ciudadanía tiene el derecho de preguntarse si efectivamente se está contribuyendo así a una mejor calidad de las leyes y, en general, a un más adecuado ejercicio de la función parlamentaria, o si hay otras formas más eficaces de conseguirlo. Al respecto, hace algunos años, por ejemplo, los congresistas desecharon establecer un modelo de staffers —cuerpo de especialistas que trabajan con cada bancada, de modo permanente, durante toda la legislatura— que apuntaba a profesionalizar las tareas de asesoría y separarlas del resto del trabajo político. En cuanto a los llamados gastos operacionales, en tanto, cabe siempre la interrogante del límite entre lo que es propio de la función representativa de un parlamentario y lo que es más propio de una campaña. Después de todo, disponer durante cuatro años de una sede y de personal financiados por el Congreso puede tener justificación, pero también entrega una evidente ventaja frente a potenciales rivales electorales. Como sea, y siendo razonables estas dudas, su discusión parece incomodar a muchos congresistas. Revelador es que, cuando en 2019 se rebajaron las dietas parlamentarias, los diputados del Frente Amplio, grandes impulsores de esa rebaja, se opusieron en cambio a reducir las asignaciones.

Debe reconocerse que, a lo largo de los años, el Congreso sí ha hecho algunos esfuerzos por transparentar y mejorar los controles en el uso de estos dineros. De hecho, hoy la mayor parte son pagados directamente por cada Cámara, sin pasar por el respectivo parlamentario, pero esta medida básica es la que estaría siendo burlada mediante prácticas como los contratos simulados y otras que se han denunciado. Frente a ello es que en 2010 se creó una institucionalidad especialmente destinada a fijar y regular las asignaciones, y a fiscalizar su uso, estableciéndose un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y un Comité de Auditoría. La acumulación de casos como los que hoy investiga la justicia sugiere, sin embargo, serias debilidades en su funcionamiento, considerando que todas estas situaciones se habrían producido sin ser advertidas por esas instancias. Es por eso que se extraña una reacción del Congreso que se haga cargo del impacto y de las muchas y legítimas dudas que todo esto genera en la opinión pública, y que inevitablemente vuelven a afectar el prestigio del Poder Legislativo y de la política en general.