Deberá la investigación del Ministerio Público esclarecer las circunstancias y responsabilidades en los hechos en que resultó lesionado el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente. Pero con independencia de las contrapuestas versiones que se han conocido, son igualmente preocupantes algunas de las reacciones que el episodio ha generado en figuras de la izquierda, como la exdiputada Carmen Hertz (PC), quien abiertamente saludó lo ocurrido (“recibió lo que merecía”), y la exministra y exparlamentaria Helia Molina (PPD), la que si bien condenó la situación, antes afirmó que “el que busca encuentra”.

Olivares es una figura polémica y podrán cuestionarse actuaciones suyas, pero celebrar el que haya resultado lesionado, cualesquiera hayan sido las circunstancias, resulta inadmisible. Lo que allí subyace es la peligrosa idea de que ciertas personas, por lo que dicen o representan, merecerían ser objeto de escarmiento. Ello habla de una intolerancia política extrema —ciertamente incompatible con la democracia— que ha venido abrazando una parte de la izquierda, sustentada en la deslegitimación de quienes sean sus adversarios.

En distintos grados, son también manifestaciones del mismo fenómeno las tristemente célebres declaraciones de diputados de oposición anunciando en un pódcast su intención de hacer “sufrir” al Gobierno obstruyendo el debate de la Ley de Reconstrucción, y los llamados del PC a enfrentar ese proyecto con la movilización callejera, pasando por alto lo que las legítimas mayorías parlamentarias —expresión del voto popular— puedan decidir. En fin, la agresión sufrida por la ministra Lincolao o el recrudecimiento de los ataques incendiarios en liceos emblemáticos igualmente encarnan la misma idea: un determinado sector político carecería de legitimidad y por lo mismo se justificaría usar cualquier medio —incluso la violencia— para enfrentarlo. Por cierto, las amenazas de muerte recibidas por el diputado PPD Araya —protagonista del mencionado pódcast— dan cuenta de que el fenómeno de la intolerancia también puede adquirir signo político opuesto.

Una democracia no exige unanimidad ni buenos modales artificiales, pero sí exige aceptar que la disputa se procesa dentro de reglas comunes, sin amenazas, agresiones ni celebraciones del daño ajeno. Cuando un parlamentario es golpeado, no corresponde preguntar primero si había dicho algo provocador; cuando otro recibe amenazas, no procede evaluar antes si su estrategia era obstruccionista; cuando una autoridad es agredida, no cabe excusarlo como expresión inevitable del malestar. En todos esos casos, el umbral democrático ya fue traspasado.

La instalación de un clima político sustentado en la intolerancia y en la idea de que, cuando se ha perdido una elección y son otros los que gobiernan, “todo vale” para enfrentarlos fue lo que antecedió al estallido de 2019, con su carga de violencia y de discursos justificatorios de ella. Es un signo ominoso que hoy ese libreto empiece a ser repetido por algunos. La democracia no se debilita solo cuando sus instituciones fallan; también lo hace cuando se tolera que la presión física o verbal reemplace al argumento.