Una pausa en el traspaso de escuelas y liceos estatales desde los municipios a los servicios locales de educación (SLEP) ha sido anunciada, sin mayores detalles, por la ministra de Educación. Debe recordarse que la Ley 21.040, promulgada en 2017, puso fin a la municipalización de la enseñanza, creando una nueva estructura que, entre otros aspectos, contempló una Dirección Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, y 70 servicios locales a los que serían traspasados los planteles. A la fecha existen 36 de estos organismos que ya gestionan colegios. Otros 11 SLEP fueron creados el año pasado y el próximo 1 de enero deberían hacerse cargo de los establecimientos de 55 comunas. Once más comenzaron operaciones este año y recibirán colegios en 2028. Los últimos 12 deberían crearse el próximo año, para funcionar en plenitud a partir de 2029.

La ley contempla la posibilidad de que los municipios puedan suspender el traspaso de sus establecimientos a los servicios locales si cumplen un conjunto de requisitos que deben ser verificados anualmente por el Ministerio de Educación; si se incumplen, se procede al traspaso. Esta posibilidad es razonable, toda vez que existen buenas experiencias de gestión en los municipios que no deberían perderse. Además, no está claro que la nueva institucionalidad pueda producir los cambios que se esperaban. Es indudable que han influido en ello las complejidades que, en muchos casos y por diferentes razones, han involucrado los traspasos. Entre ellas, las sobredotaciones que fueron transferidas desde varias comunas a los SLEP y la poca autonomía de la que aún gozan estos servicios para desarrollar sus labores. Esto último, a su vez, parece el resultado de un diseño organizacional muy discutible; desde luego, la existencia de 70 servicios dependientes de una dirección nacional difícilmente se puede traducir en una gestión coherente, con controles apropiados y responsabilidades bien definidas.

En este sentido, la institucionalidad requiere aún de revisiones que, por ejemplo, posibiliten un adecuado equilibrio entre autonomía y supervisión de los distintos planteles y de sus equipos directivos. Ese afinamiento debe venir con la experiencia que se vaya acumulando en su funcionamiento. Ello refuerza la idea de que conviene brindar un espacio a los municipios de buen desempeño que quieran seguir gestionando sus escuelas y liceos. Esta posibilidad genera opiniones divididas entre expertos y suele ser muy cuestionada por sectores de izquierda. Sin embargo, en la experiencia comparada, hay diversos países que tienen modelos mixtos de gestión de la educación pública, como Australia, Canadá o Estados Unidos. Forzar un solo modelo parece innecesario en las circunstancias actuales, sobre todo si el objetivo es lograr una buena educación pública. Ahora bien, el esquema que hoy está operando respecto de los municipios que han seguido administrando sus establecimientos, si bien correcto en su concepción, exagera en la revisión anual de cumplimiento de requisitos. Esta debería producirse en plazos más prolongados. Además, algunos de esos requisitos pueden quedar desactualizados. Tal es el caso del referido a la evolución total de la matrícula, si se considera la caída heterogénea por área geográfica experimentada por la natalidad.

En todo caso, llama la atención que la ministra haya hecho un anuncio tan general, porque el debate sobre estos asuntos y la voluntad de diversos alcaldes de mantener bajo su responsabilidad la gestión de los colegios llevan mucho tiempo. La secretaria de Estado dijo, además, que en los SLEP completamente constituidos le gustaría tener un mayor involucramiento de los alcaldes, pero sin enunciar el propósito de ello y cómo se materializaría. Urge tener objetivos precisos y las acciones requeridas claramente articuladas para una iniciativa de esta naturaleza, porque los plazos son inminentes.