La obstrucción parlamentaria que se anuncia contra el proyecto de reconstrucción no es nueva en Chile. Se la practicó, bajo muy diversas fórmulas, en el período más estéril y ciego de nuestra historia nacional, el parlamentarismo de 1891 a 1924.

Por supuesto, a los parlamentarios que hoy la anuncian o apoyan los tiene sin cuidado un mecanismo que —entre otros— causó en esos años buena parte de los males de ese período tan absurdo. Seguro que entre ellos hay algunos que siguen en la lógica de “si al gobierno le va mal (si lo llevamos al infierno), entonces, a nosotros, nos va bien”, pero a esa pobreza de espíritu suman la ignorancia del enorme desprestigio que le causó al Congreso de esa época el conjunto de prácticas que desplegó.

¿Cuáles fueron?

La más burda consistió en aprovechar la carencia de normas sobre la clausura del debate, lo que permitía a los parlamentarios hablar sin límites, con el objetivo de frenar el avance en la tramitación de un proyecto de ley. Por supuesto, eran las minorías opositoras las que se valían de este mecanismo para impedir el progreso de las iniciativas de los gobiernos y de las mayorías que los apoyaban. Cuando en 1904 se reglamentó la limitación a los debates, paralelamente se estableció que bastaba que 15 diputados pidiesen la suspensión de la norma que “limitaba” a dos horas los discursos. Más adelante, en 1910, otra regulación pareció acotar más estrictamente el tiempo de cada orador, pero, de nuevo, se estableció que bastaría la oposición de 10 diputados para hacerla inoperante.

En la falta de clausura del debate, los parlamentarios se enfrentaron a la conocida máxima “si me la quitan, me matan, y si me la dejan, me muero”. Ningún grupo quería correr el riesgo de morir, pero todos lesionaron gravemente el prestigio del Congreso. La malévola idea de inundar los proyectos gubernamentales de indicaciones —por cierto, vieja también— olvida cuán duro ha venido siendo el juicio ciudadano sobre el comportamiento parlamentario de los últimos años.

A la absurda realidad anterior, se sumaron las interpelaciones que sufrían los ministros, quienes debían acudir a una y otra cámara para oír cargos en su contra y, eventualmente, disponerse a renunciar a raíz de un voto de censura. El mecanismo fue tristemente eficaz: considerando los cambios totales o parciales de gabinete, en esos años hubo 121 ministerios distintos —a razón de algo así como uno cada tres meses, por lo tanto— y un total de 530 personas ocuparon cargos en los gabinetes. “Todos íbamos a ser ministros”… y lo fueron.

Carente hoy el Congreso de una atribución como la descrita, el clamor de la senadora Cicardini —¡Renuncie, ministro!— nos pone en alerta sobre la posibilidad de que las interpelaciones y las acusaciones constitucionales —ya usadas con imprudencia en el pasado reciente— se conviertan en mecanismos de auténtica censura y presión sobre la estabilidad de los gabinetes. Qué mejor combinación que impedir la legislación mediante indicaciones y, paralelamente, desarmar la actividad ejecutiva mediante el hostigamiento de los ministros.

Un jurista tan moderado como Alejandro Silva Bascuñán calificó aquellos comportamientos como “orgía parlamentaria”, y Gonzalo Vial habló de una “guerrilla política”. Ninguno de los dos está hoy con nosotros para levantar con energía su voz y alertarnos sobre tan graves riesgos. Tendrán que ser los parlamentarios de la alianza de gobierno, tendrá que ser el equipo político de gobierno, quienes muestren hasta qué punto resulta retrógrado y perjudicial que se pretenda revivir prácticas del peor período institucional de la Historia de Chile.