La frase del Presidente José Antonio Kast —que hay investigaciones universitarias que “terminan en libros y no generan empleo”— puede sonar intuitiva en tiempos de estrechez fiscal. Pero refleja una comprensión muy limitada de cómo las sociedades modernas generan crecimiento, productividad y bienestar.

Confunde además dos conceptos distintos: producción académica e impacto social. Un libro, un paper o una tesis no son el punto final de la investigación. Son parte de un proceso mucho más amplio mediante el cual el conocimiento se transforma, muchas veces años después, en tecnología, mejores políticas públicas, innovación empresarial, capital humano y crecimiento económico.

La historia económica moderna está llena de ejemplos. Internet nació de investigación financiada públicamente. El GPS, los semiconductores, la inteligencia artificial, las vacunas mRNA, la resonancia magnética y buena parte de la biotecnología moderna surgieron en universidades o laboratorios científicos antes de convertirse en industrias completas. Muchas de esas investigaciones parecían inicialmente abstractas o “sin utilidad práctica inmediata”. Décadas después transformaron la vida cotidiana y millones de empleos dependieron precisamente de ellas.

Ese es el problema de evaluar la ciencia solo con lógica de retorno inmediato. La investigación funciona con horizontes largos, incertidumbre y externalidades. Si solo se financiara aquello que promete empleos instantáneos, gran parte de la innovación nunca ocurriría.

La propia literatura sobre evaluación científica advierte este error. Hoy existe amplio consenso en que el impacto de la investigación no puede medirse únicamente por papers publicados o citas académicas. El impacto real ocurre cuando el conocimiento es utilizado por empresas, gobiernos, hospitales, escuelas o ciudadanos. Puede ser económico, sanitario, ambiental, institucional o cultural. Y muchas veces es indirecto, acumulativo y difícil de observar en el corto plazo.

De hecho, investigaciones recientes muestran que una parte importante del impacto de la ciencia en políticas públicas ocurre incluso sin citas explícitas en documentos oficiales. El conocimiento permea discusiones técnicas, mejora diagnósticos, cambia criterios regulatorios y ayuda a evitar errores costosos. En otras palabras, la investigación influye aun cuando su efecto no siempre sea visible para el debate público.

Por eso, los países desarrollados no consideran la investigación universitaria un gasto suntuario. La consideran infraestructura estratégica. Del mismo modo en que un país necesita carreteras, puertos o redes eléctricas, también necesita capacidad científica y tecnológica propia.

Chile, sin embargo, enfrenta justamente el problema contrario. Invierte en investigación y desarrollo una fracción del PIB muy inferior a la de economías avanzadas. Y eso ocurre mientras el país enfrenta desafíos complejos: bajo crecimiento de productividad, transición energética, envejecimiento, cambio climático, transformación digital, crisis de aprendizaje y modernización del Estado.

Ninguno de esos problemas se resuelve con intuición o consignas.

Esto no significa que toda investigación sea buena ni que no deba evaluarse. Exigir calidad y buen uso de recursos es legítimo. Pero desvalorizar la investigación porque sus resultados no son inmediatos confunde impacto con visibilidad. Las economías modernas compiten en conocimiento: los países que invierten en ciencia, innovación y capital humano desarrollan capacidades propias; los que no lo hacen terminan dependiendo del conocimiento producido en otros lugares. La investigación no es un lujo académico, sino una inversión en desarrollo futuro.