Las observaciones que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados son razonables y deben ser atendidas. El CFA ha realizado un aporte destacado al debate económico durante los últimos años, período en el que observó con inquietud los persistentes déficits, el crecimiento de la deuda y el incumplimiento sistemático de los compromisos en materia fiscal por parte del gobierno anterior. Probablemente, esa misma inquietud impregne de un sesgo conservador su consideración de los riesgos de este proyecto. De este modo, si bien valora explícitamente su impacto sobre el crecimiento, manifiesta que las rebajas de recaudación ahí establecidas podrían estresar aún más la situación fiscal.

En este asunto, vale la pena recordar que el proyecto es más bien moderado en su proyección de los efectos que las rebajas de impuestos tendrían en términos de impulsar el crecimiento y, por esa vía, la recaudación fiscal. De este modo, aunque podría evaluarse un escenario más conservador, dichas proyecciones no están evidentemente sobreestimadas. Quizá por eso, la presentación del CFA hace hincapié en la presión sobre el déficit fiscal que tendría esta ley en sus primeros años de vigencia, y no tanto en su sostenibilidad de largo plazo.

La evaluación del Consejo parece, sin embargo, incompleta. Buena parte de los déficits sobre los que pone énfasis, y que están explícitamente recogidos en el informe financiero, son mitigados por los recortes de gastos que el Gobierno está implementando. En este sentido, puede sostenerse que el ajuste financia buena parte del proyecto. Por ello, el impacto definitivo no puede ni debe ser evaluado sin considerar los esfuerzos ya en marcha de reducción y contención del gasto.

Podrá argumentar el CFA que los recortes no están explicitados en el informe financiero, toda vez que no forman parte del proyecto. Ello es correcto, pero no debiera distorsionar el mensaje completo. El plan fiscal, incorporado en el proyecto y en el plan de recortes, no es deficitario, y así debería quedar plasmado en el Decreto de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno deberá emitir en los próximos días. Con todo, la necesidad de evaluar el proyecto en sí mismo, desconociendo que, en paralelo, hay en marcha un esfuerzo importante de contención de gasto, puede ser una consideración válida para una institución pública como el CFA. No debiera serlo, sin embargo, para los analistas que asistan al Congreso a comentar la iniciativa. La falta de una visión comprehensiva, sin reconocer el rol de los recortes de gastos en su financiamiento, reflejaría un sesgo selectivo a la hora de enfocar el análisis y no una evaluación objetiva de los impactos fiscales del proyecto.