Hernán Larraín M. y María José Abud, de Horizontal, escriben en su diario (columna de ayer) llamando a lograr “acuerdos amplios” para aprobar leyes. Proponen incluso una metodología. Su principal tesis es que, si se aprueban por simples mayorías, las leyes e instituciones acordadas serían “no solo inestable[s]”, sino que “contraproducente[s]”. No dan argumentos para sostener esto y me temo que es porque simplemente no es cierto.

La estabilidad de leyes e instituciones en democracias sanas tiene poco que ver con las mayorías políticas que las aprueban, sino con el apoyo de la opinión pública —que debería ser refrendado por sus representantes—. Y ese apoyo depende de cómo la ciudadanía percibe que estas funcionan. Y lo crucial, desgraciadamente —incluso en democracias sanas—, es que manda la percepción y no la realidad.

Recordemos el amplio acuerdo al que llegaron nuestros políticos en 2009, manos levantadas de por medio, con el que Chile reformó estructuralmente nuestra educación escolar. Luego de firmar esa Ley General de Educación (LGE) que reemplazó a la famosa LOCE, hubo amistosos aplausos, fotos y quién sabe los Sauvignon Blanc y congrios.

¿Qué ocurrió después? En 2010 ganó la presidencia Sebastián Piñera y la izquierda no hizo nada más que deslegitimar cualquier “amplísimo acuerdo” y olvidar toda civilidad al discutir sobre la LGE. De hecho, ese fue el temblor discursivo desde donde se inició el terremoto que años después casi destruye nuestro país entre 2019 y 2022. Ese “gran acuerdo” de la LGE se deslegitimó frente a los chilenos que, incautos, les creyeron a los políticos y al clima de opinión que ellos, y sus intelectuales públicos, generaron. Después, no solo se terminó dando vuelta el sistema escolar completo, sino que también el universitario, que por más problemas que tenían, iban mejorando.

Esos años se firmaba otro “gran acuerdo”, el de la reforma tributaria de Bachelet y Arenas, que también fue aprobado por la derecha. ¿Y qué ocurrió después? Esa reforma, evidentemente mala, frenó a los capitales e ideas que generan inversiones y trabajo. Hoy ese “gran acuerdo” está completamente deslegitimado por sus resultados, que calaron en las personas sin siquiera tratar de convencerlas. ¿Qué hay de sostenible entonces en haber llegado a esos grandes acuerdos?

Larraín y Abud relatan la historia y las personalidades que protagonizaron la reciente reforma al sistema de pensiones como ejemplo metodológico, pero es algo tan específico como hablar de las conspicuas cocinas y livings de Providencia y Vitacura que conocimos durante la historia de la reforma tributaria de Bachelet. Lo importante acá es que el problema de las pensiones no nos sirve como ejemplo porque todavía no sabemos con certeza si fue una buena reforma —ya muchos quieren arreglarla— y, además, porque menos podemos saber si será estable o no —en mi humilde opinión, en todo caso, fue una mala reforma para los chilenos, pero eso es para otra discusión.

Lo más desafortunado de este ejemplo es que toda la horrible ilegitimidad que tiene este sistema se basa principalmente en burdas mentiras debido a sus aspectos financieros difíciles de entender y a sus largos plazos. La principal mentira y gran motor de ilegitimidad del sistema fue hacer creer a los chilenos que los ahorros no eran nuestros y nos estaban robando. Esto era una evidente falsedad, pero fue esparcida en diarios, radios y televisión sin matiz alguno por sendos doctorados en economía, leyes y sociología, y acompañada de silencios cómplices de los políticos y otros ilustres doctorados que apoyaban y se beneficiaban del clima de opinión imperante.

Los problemas de las pensiones en Chile y el mundo son claros y las soluciones también lo son —matices más, matices menos, en función de cada estado del sistema—, y sin embargo, su legitimidad, desgraciadamente, no depende de su arquitectura real, sino que de percepciones completamente alejadas de la realidad —en Chile, la principal mentira, fue increíblemente desmentida (no totalmente) por la demagógica política de los retiros.

Para reformar, por lo tanto, basta con lograr los votos que la ley exige. Si hay más votos, mejor, pero eso no garantiza nada —tampoco las “probabilidades” de esa sostenibilidad en el tiempo y menos el clima actual.

La legitimidad y estabilidad de las reformas las darán su funcionamiento y la capacidad de dar cuenta de sus bondades frente a la opinión pública —además de los humores de la gente, de Trump y los deshielos y sequías—. Políticos responsables, por lo demás, deberían ser capaces de velar por el bien del país y no permitir que percepciones erróneas lleven a políticas demagógicas, pero quizás eso sea mucho pedir. Por mientras, quienes formamos opinión tenemos que seguir trabajando.