Chile necesita volver a crecer. Hoy existe un consenso transversal en torno a esa urgencia, tras más de una década con un crecimiento promedio anual de apenas 1,9%. Es una constatación básica: sin crecimiento no habrá más empleo, ni mejoras sostenidas en los ingresos, ni capacidad fiscal para responder a las demandas sociales. Y el contexto apremia. Las proyecciones para este año bordean el 2%, en un escenario internacional incierto y exigente.

En ese marco, avanzar en una reforma estructural procrecimiento es urgente. Pero la pregunta decisiva es otra: cómo construir una hoja de ruta que sea políticamente viable y, sobre todo, sostenible en el tiempo.

Intentar sacar adelante cambios de esta envergadura con mayorías frágiles o acuerdos circunstanciales no solo es inestable; es contraproducente. Una reforma que no genera certezas termina debilitando precisamente aquello que busca fortalecer: la confianza en su sostenibilidad.

Por eso, la discusión legislativa no debe enfocarse únicamente en el contenido, sino también en el método. En este punto, la reciente reforma previsional ofrece un referente útil, con lecciones que vale la pena considerar.

Primero, se construyó un consenso transversal sobre el problema a resolver. Durante años, el sistema de pensiones acumuló críticas y evidencia de insuficiencia. Más allá de las diferencias ideológicas, se trabajó sobre una convicción simple y compartida: había que mejorar las pensiones. Ese diagnóstico común fue la base para iniciar el trabajo.

Segundo, se definieron objetivos compartidos. No se intentó resolver todas las diferencias desde el inicio, sino ordenar la discusión. Mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros fue el punto de partida. Ese marco permitió distinguir entre fines e instrumentos, evitando que el debate quedara atrapado en posiciones maximalistas.

Tercero, se estableció un sistema de trabajo que combinó de manera estratégica lo técnico y lo político. Se diseñó una metodología en que expertos avanzaban en acuerdos acotados —“temas autocontenidos”— con respaldo político explícito: cuando había convergencia en ciertos puntos, estos se transformaban en base de avance. La política no desapareció, pero dio espacio a los expertos para trabajar con autonomía, en reserva y sin presión pública. Este proceso exigió confianza política y disposición a construir acuerdos incrementales. En él fueron claves los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea y Luciano Cruz-Coke, junto a figuras del Ejecutivo como Mario Marcel, Macarena Lobos y Jeannette Jara.

Cuarto, existió una comprensión compartida de la urgencia. Había conciencia de que el costo de no hacer nada era mayor que el de ceder en ciertos puntos. Asesores, técnicos y dirigentes políticos operaron durante semanas bajo una lógica de negociación reservada. No por voluntarismo, sino porque existía una ventana de oportunidad concreta —marcada también por el calendario electoral— que obligaba a avanzar.

El resultado no fue perfecto. Ningún acuerdo lo es. Pero sí fue un avance sustantivo: mejoró las pensiones y se construyó sobre bases que le otorgan estabilidad y legitimidad.

Estos aprendizajes son especialmente pertinentes hoy. Una agenda procrecimiento requiere algo similar: partir de un diagnóstico común —Chile necesita crecer y generar empleo—; ordenar objetivos compartidos —más inversión con responsabilidad fiscal—, y estructurar un trabajo técnico serio que sirva de base para un acuerdo político viable.

El Gobierno puede encontrar en el Senado un espacio clave. Así como en la reforma previsional una parte relevante de la oposición se involucró en la construcción de una solución, hoy es razonable esperar que algunos sectores —particularmente del Socialismo Democrático— estén disponibles para avanzar en una reforma procrecimiento. No como concesión, sino como expresión de responsabilidad política. Esa misma disposición debe existir también en el Ejecutivo.

La experiencia reciente muestra que es posible. Pero no ocurre por inercia. Requiere método, liderazgo y una convicción básica: hay momentos en que el acuerdo no es una opción cómoda, sino una obligación política. Hoy estamos en uno de esos momentos.