Las personas que cursan estudios universitarios en la mayoría de los países de la OCDE se gradúan después de terminar una licenciatura o un grado equivalente de tres o cuatro años. Rara vez acceden a un título profesional en esta etapa. En esos programas, los niveles de especialización son acotados y se privilegia la formación de habilidades generales, pero a la vez profundas, que permiten adaptarse mejor a un mundo que está viviendo transformaciones vertiginosas. Esa formación les facilita los aprendizajes en su vida laboral y, si requieren complementarlos, vuelven a estudiar un posgrado o se certifican en un programa especializado. En Chile, en cambio, la formación de pregrado es más prolongada: casi dos años más, en promedio. Ello obedece, en parte, al título profesional, pero en la mayoría de los programas ofrecidos en las universidades chilenas este carece de sentido. Además, de acuerdo con los últimos antecedentes disponibles, los jóvenes se demoran en egresar 2,63 semestres adicionales a la duración nominal de esos programas.

Pero a pesar de esta larga formación, los graduados universitarios tienen, según la última medición del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos, competencias lectoras y numéricas equivalentes a las que detentan los graduados de la secundaria en los países OCDE. Esta realidad comienza a incomodar. Hay cada vez más voces expertas que plantean la necesidad de una revisión. Así, por ejemplo, la primera Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior de Chile, presentada en las postrimerías del gobierno anterior, señala enfáticamente este eje como uno de sus objetivos centrales. Y también el mundo político comienza a activarse. Así, los diputados Bobadilla y Neumann, en representación de la bancada UDI, solicitaron a la ministra de Educación evaluar esta posibilidad.

En su planteamiento, resaltaron el ahorro de recursos que ello podría significar para el Estado y las familias. Tienen razón, sobre todo, si se consideran los volúmenes de inversión que el país destina a la educación superior: un 2,5% del PIB. Con todo, el principal problema de este modelo formativo es que no contribuye a preparar a los estudiantes para el mundo de grandes transformaciones que estamos viviendo. Son programas excesivamente especializados, que suman demasiados contenidos que no generan habilidades transversales y, además, son adecuados solo para personas que, después de tener una experiencia laboral específica, quieran profundizar en ellos. Estos largos programas de pregrado tan profesionalizantes, seguramente explican el estancamiento que se observa en Chile en los magísteres, y ayudan a entender una creciente inadecuación —también detectada en la referida Evaluación de Competencias— que se estaría produciendo entre las habilidades que tienen las personas y las que exigen las ocupaciones que las emplean. Parece indispensable, pues, desarrollar una reflexión profunda sobre la manera en que nuestro país está formando a sus jóvenes.