Olvidemos, por un momento, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Hace pocas semanas, el FMI proyectó que con los ritmos actuales de crecimiento del país y de ingresos y gastos públicos, el límite de deuda de 45% que el país se ha fijado se superará en 2028 y en 2031 alcanzará un 49,2%.

Una forma de evitarlo es reducir gastos. Hay espacio para ello. Algunos ejemplos: un 18% de las personas que reciben la gratuidad universitaria pertenecerían a grupos de ingreso que no son parte de los beneficiarios. Un 22% de los receptores del subsidio único familiar automático no son el grupo objetivo de esta transferencia monetaria. Ser un receptor extiende automáticamente el acceso a otros programas como el aporte familiar permanente (ex bono marzo). Muchos otros programas sociales, incluida la PGU, tienen esas filtraciones (los datos vienen de Casen 2024).

Otros programas tienen problemas de otra naturaleza, incluso incumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñados. Revisarlos permanentemente es una obligación, más en tiempos de estrechez fiscal. Pero estamos viendo que es complejo avanzar por esta vía.

Otra alternativa para reducir esos déficits fiscales es elevar los ingresos públicos. Un nuevo aumento en el impuesto a las empresas está descartado. La eliminación del régimen de renta presunta, otra buena idea, no ha podido impulsarse en el pasado. Su rendimiento no mueve tanto la aguja, aunque ayuda.

La principal diferencia de recaudación con la OCDE radica en el aporte de los impuestos personales. Son siete u ocho puntos del PIB. Pero basta pensar en que una de las tantas encuestas que se publican en nuestro país indicaba, hace algunas semanas, que el 91% de la población se manifestaba más bien por bajar estos tributos para pensar en la posibilidad de que esta sea una alternativa. La otra gran diferencia está en las cotizaciones para pensiones que en la mayoría de los países de la OCDE se utilizan para redistribuir. Mas, la reforma de pensiones no avanzó en ese propósito, influyendo, sin dudas, el rechazo que generaba en la ciudadanía.

A veces se levanta la idea de un impuesto al patrimonio; a juzgar por la experiencia comparada, solo cabría decir ¡buena suerte en la implementación y recaudación!

Está difícil, entonces, resolver el desequilibrio fiscal que nos ha acompañado los últimos tres cuadrienios. Los equilibrios de antaño descansaron en un importante crecimiento. A propósito de ello recordemos el proyecto. La reducción del impuesto de primera categoría y la agilización regulatoria que se proponen son virtuosas para dicho propósito. Se puede sumar a esta caja de herramientas el subsidio al empleo formal, pero quizás con adaptaciones que premien especialmente la adición y permanencia de empleos formales y acoten el desembolso propuesto.

El fondo de emergencia para la reconstrucción y la exención transitoria y voluntaria del IVA para la compra de viviendas, aunque transitorios, aportan al crecimiento y empleo. Menos interesante desde esta perspectiva son la reintegración tributaria y la invariabilidad por 25 años para inversiones de 50 millones de dólares o más. Esta última, de considerarse, debiera ser para inversiones mucho más significativas y con una compensación clara para el Estado.

Derechamente cuestionable es la eliminación de las contribuciones por la primera vivienda para los mayores de 65 años. Hay situaciones que necesitan corrección, pero puede hacerse incluyendo como parte de su determinación la situación de ingresos del hogar. Las contribuciones, cabe recordarlo, financian los bienes públicos locales que ellas demandan.

También se inscriben en esta categoría, si bien se entiende la necesidad de allegar recursos en los primeros años, el incentivo para “adelantar” las herencias y la repetición del beneficio para repatriar capitales no declarados en el pasado. Su carácter de permanente se convierte en una señal confusa para el comportamiento tributario.

Ahora es evidente que el proyecto tiene riesgos fiscales. Sin embargo, estos no son un argumento suficiente para desaconsejar sus medidas más pertinentes. Para reducirlos se puede acordar el alza del impuesto específico al diésel. Por cierto, no para este momento, pero en un futuro en que los precios vuelvan a valores más razonables. En ese momento, las rebajas no se traspasan en su totalidad para ir introduciendo el nuevo impuesto gradualmente. No hay ninguna razón para que el valor de dicho impuesto sea apenas un cuarto del que rige para las gasolinas.

Por cierto, no es fácil y es indispensable un acuerdo político amplio que, como contrapartida, debe dejar caer aquellas iniciativas más discutibles de este proyecto.