Es sabido que el déficit fiscal estructural fragiliza la institucionalidad democrática, pero el tenor de las discusiones recientes hace preciso recordarlo. Las finanzas públicas en Chile enfrentan un desajuste crónico: el gasto permanente supera los ingresos estables. El Estado no está en quiebra, pero sí hipoteca la estabilidad institucional si no enfrenta con decisión el problema. ¿Por qué el debate público omite el foco si, al menos en off, se comparte transversalmente el diagnóstico?

Hasta ahora, parte importante de la oposición reincide en consignas que eluden la discusión seria y evocan 2019. La rebaja de primera categoría (otrora propuesta por el ministro Marcel) es para los ricos, el ajuste fiscal es un recorte social y la racionalización, una excusa para aniquilar al Estado. Al tomar este camino, la oposición incumple su deber de legislar y fiscalizar, y se resta de ofrecer un proyecto político alternativo viable (lo que el PDG, dicho sea de paso, no ha tardado en capitalizar).

El deber del Gobierno, que compromete moralmente al Estado chileno en su conjunto, es cumplir en este ámbito dos promesas, y no una. Promesas que corresponden en realidad a dos necesidades sociales profundas: salir del estancamiento revirtiendo el déficit estructural, sin recortar beneficios sociales. Ni más ni menos. Quienes están en La Moneda deben recordarle a la ciudadanía que ese es el desafío para el que fueron elegidos. Explicarle a la gente que romper el déficit estructural es dejar de pagar intereses millonarios: es un medio indispensable no solo para crecer, sino también para liberar recursos para gasto social.

Algunos, especialmente en la oposición, parecen olvidar esta dualidad. Si la voluntad ciudadana se hubiese limitado a comprometer asistencialismo, Jeannette Jara sería Presidenta. Pero en diciembre, y sin renunciar a los beneficios sociales conquistados, los chilenos eligieron salir del estancamiento y optaron por quien prometió reducir el gasto fiscal. La opción por el marcado cambio de rumbo muestra que los derechos son valiosos, pero no alcanzan para llenar el alma nacional. El problema de los chilenos es la inseguridad en un sentido amplio: física, ante el crimen; civil, ante la migración ilegal, las tomas y la destrucción del espacio público, y económica, ante empleos frágiles, falta de expectativas y la sospecha de que el país dejó de premiar el esfuerzo.

Porque esos anhelos son también espirituales además de materiales, las acciones emprendidas por la autoridad necesitan ser explicadas con franqueza, rigor y emoción. La revisión actual del gasto fiscal se inserta en ese contexto, no en un capricho, sino en un desafío imperativo doble. ¿Cómo lograrlo? La respuesta descansa en una distinción fundamental que inexplicablemente recién aparece. No es lo mismo recortar beneficios sociales que reducir los montos de partidas asociadas a esos beneficios. Si el destinatario final recibe lo mismo, el derecho permanece intacto, pero el recorte es posible eliminando duplicidades, subejecuciones y fraudes. No hay ahí retroceso social, sino una administración responsable de recursos escasos, que honra el compromiso adquirido con la ciudadanía.

El concepto de fraude social merece ser atendido. Los chilenos necesitamos entender que cada peso que se filtra por abuso o ineficiencia es un peso que no llega a quien sí lo necesita. Así como acertadamente se persigue la trampa tributaria o la corrupción estatal, es preciso visibilizar que saltarse la fila no es viveza: es quitarle a otro. Hablar de cómo la evasión en el transporte, las condonaciones de deudas y los abusos en licencias médicas o gratuidad universitaria premian a quien no paga y perjudican al que cumple con esfuerzo. El mensaje debe ser claro, y debe ser entregado tanto por quienes defienden derechos sociales, como por quienes creen que la seguridad es indispensable para el bienestar personal y la paz social.