La preocupación global por el efecto que tiene en los niños y los jóvenes el uso indiscriminado de las redes sociales (RR.SS.) ha fortalecido las posturas favorables a su regulación. También, una creciente demanda por exigir responsabilidad a las compañías tecnológicas por el diseño de las aplicaciones —cuyo algoritmo prolonga el tiempo de permanencia—, el deficiente control de acceso y la ausencia de un filtro efectivo de los contenidos difundidos.

Son muchas las voces que han denunciado el daño que producirían en la juventud las extensas horas de consumo de RR.SS., al tiempo que comienza a acumularse evidencia científica en torno al tema. Estudios norteamericanos indican que un joven está expuesto a ellas, en promedio, cinco horas diarias. Adicción, deterioro físico y mental, aislamiento social y otras consecuencias se han asociado con la dependencia de la pantalla. El sicólogo social Jonathan Haidt encendió las alarmas con su obra “La generación ansiosa”, alertando sobre los peligros que implica acceder sin control y llamando la atención de los padres sobre los riesgos a los que están expuestos sus hijos en la soledad de su habitación.

Así, después del “optimismo tecnológico” de la década pasada, se observa una persistente corriente de inquietud en la opinión pública, la que se está traduciendo en acciones concretas e incluso en decisiones judiciales. El veredicto de un jurado californiano —en marzo pasado— a favor de una demandante que responsabilizó a Instagram y Youtube por sus problemas de disforia y pensamientos suicidas después de usar adictivamente esas plataformas desde los seis años, obligó a Meta y Google a pagar seis millones de dólares a la denunciante, responsabilizando a las compañías de desarrollar plataformas diseñadas para atraer jóvenes, mantener su atención prolongada y crear sistemas de navegación adictivos. Este caso judicial sienta un precedente determinante, que muchos comparan con el enjuiciamiento que enfrentaron las compañías de tabaco. En la misma línea, la Comisión Europea advirtió a TikTok que, de insistir en su diseño con características adictivas, podría arriesgar multas.

Como protección a los niños y jóvenes, diversos países —con Australia como caso emblemático— están implementando o proponiendo normas legislativas que prohíben el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, junto con exigir a las compañías tecnológicas perfeccionar sus sistemas de control de acceso. China ya ha implementado un sistema “modo niño” que pretende evitar la exposición de menores a contenidos inapropiados.

En nuestro país, según la encuesta Bicentenario 2025, el 78 por ciento de los ciudadanos está a favor de prohibir a los estudiantes el acceso a redes sociales, el 73 por ciento favorece la prohibición de su uso antes de los 15 años y la gran mayoría hace recaer en los padres la responsabilidad de limitar la exposición de sus hijos a las RR.SS.

El anunciado “Plan entornos digitales seguros”, del Ministerio de Desarrollo Social —que considera la presentación de un proyecto para prohibir a los menores de 16 años el acceso a estas redes, replicando la normativa de otros países—, debiera ser la oportunidad para plantear un debate serio sobre el tema y responder a la inquietud de padres y educadores. Y aunque puede ser prematuro anticipar la efectividad de las medidas propuestas para restringir el acceso de los adolescentes —los primeros estudios muestran que en Australia ha disminuido notoriamente su exposición a RR.SS., pero una parte de ellos sigue utilizándolas—, parece justificada la preocupación por evitar un daño irreparable en el desarrollo integral de las futuras generaciones.