Críticas como las que hoy se dirigen al llamado “Segundo Piso” de La Moneda también han estado presentes en gobiernos anteriores, típicamente, porque se le atribuye a ese conjunto de asesores presidenciales un exceso de influencia, centralización de decisiones y escasa coordinación con ministros y partidos. En el caso actual, esas objeciones se han activado por errores comunicacionales y señales contradictorias que han obligado al Ejecutivo a corregir sus propios mensajes.
El tema de los equipos asesores ha tenido en Chile una historia particular. En los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei predominó una conducción clásica, apoyada en ministros fuertes, partidos disciplinados y una coalición que operaba como espacio de deliberación. El entorno presidencial existía, pero no aparecía como actor político con identidad propia. Fue con Ricardo Lagos cuando esa instancia adquirió densidad estratégica: un grupo de asesores de confianza, capaz de leer escenarios, elaborar relato y seguir prioridades. Desde entonces, su influencia se volvió parte habitual del presidencialismo chileno.
En el primer gobierno de Michelle Bachelet cumplió un papel relevante en la protección de la figura presidencial y en el manejo comunicacional. Con Sebastián Piñera tendió a expresar una lógica más gerencial, de control y seguimiento. En la segunda administración de Bachelet, en tanto, adquirió un carácter mucho más ideológico, ad hoc a la cuestionada agenda reformista de la Nueva Mayoría. En el segundo gobierno de Piñera, por su parte, se transformó en blanco de las críticas de los partidos, particularmente durante el “estallido”, cuando muchos vieron allí una barrera de contención frente a la ola populista que parecía instalarse. Finalmente, en la administración Boric se cuestionó la solidez de este equipo y algunos de sus miembros estuvieron en el centro de sonadas controversias.
Esta evolución muestra que los conflictos entre el cuerpo de asesores presidenciales, los partidos y otras áreas del gobierno no son una novedad de este período, aunque sí han venido agudizándose conforme ha crecido su protagonismo público. Su existencia responde ciertamente a una necesidad: conforme se complejiza la tarea de conducir un país, el Presidente requiere un espacio de su absoluta confianza, capaz de apoyarlo en sus funciones, particularmente en el seguimiento de las políticas impulsadas, y aportando al mismo tiempo una perspectiva estratégica que dé coherencia a la acción gubernamental.
Los problemas surgen cuando la dinámica de esos equipos entra en contradicción con el diseño institucional y, yendo más allá de la estricta asesoría, asumen en los hechos tareas que no les son propias, como las de conducción política. Ello origina inevitables conflictos y debilita a los miembros del gabinete, en cuanto pone en duda su real peso dentro del gobierno y, por tanto, su capacidad para adoptar decisiones o llegar a acuerdos. Pero, además, genera un problema institucional, en cuanto a que, a diferencia de un ministro, no existen formas de hacer valer la responsabilidad política de un asesor, precisamente porque, en teoría, este último carece de funciones ejecutivas. Varios de los problemas que han asomado en estos días tienen que ver con ello, como el funcionamiento de un Ministerio Secretaría General de Gobierno que, al parecer, no ejerce control sobre la Secretaría de Comunicaciones, o las críticas al rol que estaría jugando el “Segundo Piso” en la coordinación política de los ministerios, tarea que la ley asigna explícitamente al ministro del Interior.
Es cierto que trabajos académicos cuestionan con buenas razones el actual esquema de tres ministerios políticos y plantean su reemplazo por un centro de gobierno que los fusione y asuma, además, las funciones de planificación estratégica. Se trata de una fórmula interesante y cabe estudiar eventuales reformas en esa línea. Mucho más discutible resulta, sin embargo, la instalación de facto de una suerte de híbrido que, en lugar de facilitar, termine restando eficacia y generando problemas adicionales a los ya muchos que implica la conducción de un gobierno.