Sorpresa ha generado la inclusión, en el proyecto de Ley de Reconstrucción, de un artículo que busca incorporar una nueva excepción al reconocimiento de la propiedad intelectual. Parte de la extrañeza se origina en el hecho de que una redacción similar se había presentado por el gobierno anterior, dentro de un proyecto sobre inteligencia artificial, y había sido eliminada por la Cámara de Diputados, por el grave perjuicio que representaba para los titulares de derechos y los creadores en general.

Ahora, en el contexto del plan del Ejecutivo para reimpulsar la economía, se ha vuelto sobre la misma idea, con un alcance incluso mayor. Concretamente, se plantea agregar en la Ley de Propiedad Intelectual un nuevo artículo 71T, para establecer que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos…”. El objetivo del Ministerio de Hacienda es facilitar la llegada de inversiones en proyectos de minería de datos que podrían instalarse en el norte, dados los bajos costos de la energía que esa tecnología demanda en abundancia.

La propuesta ha encendido justificadas alarmas en diversos sectores, al advertirse acá una eventual vulneración al derecho autor, que inevitablemente ha llevado a algunos a recordar los intentos que impulsó la izquierda para debilitar ese derecho en la propuesta constitucional de 2021-2022. Y es que son numerosos los ámbitos en los cuales una norma así impactaría. Con todo, y por el papel crucial que desempeñan en una sociedad democrática, cabe detenerse en los riesgos que esta propuesta entraña para los medios informativos y su sustentabilidad, pues, en la forma en que está redactada, la disposición permitiría utilizar masivamente los contenidos periodísticos, por ejemplo, para el adiestramiento de sistemas de inteligencia artificial, sin reconocimiento ni compensación hacia quienes los generan cotidianamente.

Motivo adicional de preocupación es que la fórmula se plantea en Chile en momentos en que algunos de los principales medios del mundo están suscribiendo acuerdos de licenciamiento con las empresas tecnológicas para el uso de sus archivos e información, de modo de salvaguardar su labor, y la misma tendencia se observa respecto de los servicios de clipping. Como ha advertido la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la propuesta contraría esa tendencia y debilita la posición de los medios nacionales para alcanzar eventuales acuerdos como esos. En cambio, parece abrir la puerta para que el contenido producido por los medios chilenos sea utilizado, sin la debida compensación, por los sistemas de inteligencia artificial desarrollados por las grandes tecnológicas globales. Por eso es que la ANP ha solicitado a la autoridad retirar el artículo correspondiente o, en subsidio, excluir expresamente los contenidos periodísticos del ámbito de aplicación de la excepción y restringirla a fines de investigación científica sin fines de lucro, junto con abrir un espacio formal de diálogo. Bien encaminado, ese diálogo —respecto del cual Hacienda ha mostrado una buena disposición inicial— podría ser la instancia para zanjar de modo razonable esta discusión, entregando una solución global —la que incluso podría evitar engorrosas negociaciones y conflictos jurídicos como los que se han dado en otros países— que, al establecer un marco claro, asegure un desarrollo de tecnologías como la IA respetuoso de los derechos inherentes a la propiedad intelectual.

No debe olvidarse el papel fundamental que desempeñan los medios periodísticos en una sociedad democrática, favoreciendo un debate público informado para la toma de decisiones y desenmascarando narrativas falsas. Vulnerar el reconocimiento y la debida compensación por el aprovechamiento de los datos obtenidos mediante el trabajo profesional de la prensa amenaza su calidad y sustentabilidad. El infinito horizonte de acceso a la información que permiten las nuevas tecnologías no debe implicar el menoscabo del reconocimiento al derecho de autor ni el debilitamiento de una labor esencial.