La evidencia es categórica: el registro del gobierno de Gabriel Boric en materia laboral fue deplorable. La última encuesta de empleo del INE (trimestre móvil enero-marzo 2026) termina de confirmarlo. La tasa de desocupación nacional se elevó a 8,9%, alcanzando un 10% entre las mujeres. Ambas cifras representan aumentos importantes respecto del mismo trimestre de 2025. En el mismo período, se observa una profundización del deterioro en la creación de empleo en las mipymes. Y respecto de la situación en igual trimestre del 2022, es decir, previo al inicio de esa administración, el número de desocupados ha crecido un 24,3% (desde 744 mil a más de 925 mil), mientras la cantidad de ocupados lo hizo solo un 7,2% (por debajo de la fuerza de trabajo). En fin, 38 trimestres móviles consecutivos con un desempleo nacional por sobre el 8% sientan un récord difícil de superar.

Este lamentable legado no surgió de la nada. El deterioro de nuestro mercado laboral ha sido el resultado de una secuencia de errores de política pública que la administración Boric agudizó con medidas como la reducción de la jornada a 40 horas y una suma de otras iniciativas que encarecieron la contratación o que, por su mal diseño, extremaron las tensiones en el mundo del trabajo (por ejemplo, la Ley Karin). Estas medidas contaron con el apoyo de parte de la oposición de ese momento, sectores que ahora, desde el oficialismo, tienen la oportunidad de revertir el daño propinado al empleo.

Nota aparte amerita el aumento desmedido e injustificado —sin correlato con la productividad— del salario mínimo. Nominalmente, mientras en mayo de 2022 este alcanzaba los $350.000, hoy llega a los $539.000. Descontando la inflación, ello arroja un aumento real superior al 20%. En una economía que crece cerca del 2% anual y con la incipiente introducción de tecnología para sustituir hombres por máquinas, era predecible que ello dañaría la creación de empleos. Así fue ya constatado por el Banco Central, el que en su IPoM de septiembre del 2025 documentó el impacto negativo del aumento de los costos laborales (salario mínimo) sobre el empleo, particularmente en las empresas de menor tamaño. Quienes niegan tal realidad citan estudios extranjeros ajenos al contexto nacional o estudios locales de cuestionable calidad. La evidencia se ha encargado de desacreditarlos.

Lo anterior tiene particular relevancia en el contexto actual por al menos dos circunstancias. En primer lugar, el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y las centrales sindicales para un nuevo aumento del salario mínimo. Las primeras reuniones han demostrado la distorsión de la realidad que se observa entre los dirigentes de la CUT: la solicitud de llevarlo a los 637.700 (un aumento de 18,3%) así lo demuestra. Podrán darse argumentos para justificarlo (la idea de un salario vital), pero ninguno se hace cargo del grave daño que se sigue infligiendo a la creación de empleo. Así, para el Gobierno, y particularmente para el ministro de Hacienda, despachar un reajuste acorde con nuestra realidad aparece como un desafío definitorio.

La segunda circunstancia guarda relación con el proyecto de Reconstrucción Nacional, en lo relativo al mercado laboral. Su crédito tributario al empleo despierta cuestionamientos técnicos. En el centro están su alto costo y aspectos de su diseño. De hecho, el ministro del Trabajo ha planteado la posibilidad de discutir alternativas en el debate parlamentario. Y es que en un contexto como el actual, no parece apropiado destinar inmensos fondos públicos a las empresas en función de los trabajadores ya contratados (stock). El foco debe estar en la aceleración de nuevas contrataciones (flujo). Del mismo modo, la vinculación del crédito tributario con el salario mínimo tiene alcances complejos, pues arriesga alimentar presiones para reajustes aún mayores, toda vez que parte del costo lo pagará el Estado. Algo de eso subyace en el actual petitorio de la CUT.

Los números del INE hacen aún más acuciante el desafío del Gobierno de ofrecer una estrategia para revertir el profundo daño causado al mercado laboral por sus antecesores. Clave será un diseño que aprenda de los errores del pasado. Para ello, el debate técnico debe ser atendido y no descartado.